A casi cuatro meses de iniciada la deliberación, el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dará a conocer este lunes 10 de noviembre, a las 16:00, la sentencia en el denominado caso Plaga, proceso en el que cinco exjueces y un secretario judicial enfrentan cargos por delincuencia organizada.
Los jueces Manuel Cabrera, Javier de la Cadena y Hernán Barros reanudarán la audiencia suspendida desde el pasado 23 de julio, fecha en la que entraron a deliberar el fallo. En la jornada de hoy, los magistrados presentarán de forma oral la resolución que definirá la situación legal de los seis acusados.
Durante el juicio, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó una pena de siete años de prisión para los implicados, además de la aplicación de una agravante por haber cometido el delito mientras ejercían funciones públicas. Según la Fiscalía, los exfuncionarios participaron activamente en una red judicial ilícita dedicada a manipular procesos y facilitar excarcelaciones a cambio de dinero.
Los procesados son los exjueces Efraín Montero, Patricio Calderón, Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán y Carolina Sarama, junto al exsecretario de la unidad judicial del cantón Paján (Manabí), Gary Palma. Este caso deriva de los conocidos procesos Metástasis y Purga, que revelaron tramas de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.
Toainga explicó que la investigación expuso cómo operaba esta estructura criminal, liderada por el abogado Cristian Romero, quien actualmente se encuentra prófugo. Junto a él figuraban Lenin Vimos Vimos —ya sentenciado— y Jonathan Roberto Aguinda Shiguango, también prófugo. Ellos habrían conseguido la liberación de personas privadas de libertad mediante mecanismos jurídicos utilizados de forma indebida.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo empleó de manera sistemática herramientas legales como habeas corpus, acciones de protección con medidas cautelares, medidas autónomas y la aplicación del principio inter comunis, valiéndose de la complicidad de funcionarios públicos y actores privados.
El fiscal sostuvo que la cúpula delictiva ejercía un estricto control sobre sus colaboradores, quienes cumplían roles específicos dentro de la organización. A cambio de beneficios económicos, los implicados habrían emitido boletas de excarcelación para personas condenadas por delitos graves, entre ellos asesinato, tráfico de drogas, violación y migración ilegal.
La Fiscalía calificó a los seis acusados como autores directos en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada, conforme al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42 del mismo cuerpo legal. Además, solicitó a la Sala de Juzgamiento aplicar la agravante del numeral 19 del artículo 47 del COIP, al haberse comprobado que los procesados ejercían cargos públicos cuando cometieron los hechos.
De confirmarse la culpabilidad, el fallo marcaría un precedente en la lucha contra la corrupción judicial en Ecuador, al involucrar directamente a operadores de justicia que, según la investigación, utilizaron sus cargos para favorecer a organizaciones criminales.
