Tres instituciones del Estado —la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)— iniciaron investigaciones paralelas sobre los pagos realizados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a clínicas y prestadores privados de salud. Las indagaciones buscan determinar si existieron irregularidades o tratos preferenciales a empresas presuntamente relacionadas con familiares del presidente del IESS, Édgar Lama.
El caso salió a la luz luego de que la Contraloría General ratificara, el 21 de abril de 2025, una glosa por USD 3′757.712 contra el IESS. La resolución se relaciona con cobros indebidos realizados por las empresas Teoton y Alboteoton S.A., proveedoras de servicios hospitalarios al instituto, y que, según denuncias, estarían vinculadas con el entorno familiar de Lama.
Ante la controversia, la Contraloría anunció un nuevo examen especial, tras recibir múltiples solicitudes, entre ellas una de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Desde el ámbito legislativo, la bancada de Revolución Ciudadana (RC), a través de la asambleísta Viviana Veloz, solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos abrir un proceso de fiscalización. El pedido, realizado el 6 de noviembre de 2025, incluye cinco requerimientos de información dirigidos a Édgar Lama, actual presidente del Consejo Directivo del IESS.
Entre los pedidos constan:
- El listado de prestadores externos con contratos desde 2023, sus valores pagados y saldos pendientes.
- Las razones técnicas del monto acumulado de pagos pendientes por auditar.
- El protocolo de auditoría y orden de priorización para los pagos.
- Detalles de los pagos realizados a los prestadores privados.
- Los criterios jurídicos y técnicos para priorizar pagos y las causas de las deudas vigentes.
Veloz aseguró que todo el bloque de RC respalda esta investigación y que en la próxima sesión legislativa se decidirá la comparecencia de Édgar Lama, con el fin de esclarecer los hechos. Los resultados se trasladarán posteriormente a la Fiscalía General del Estado.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, confirmó que se realiza un seguimiento exhaustivo del caso. “Estamos preocupados porque hay instituciones que han sido privilegiadas en los pagos, mientras otras no los reciben”, afirmó. Rodas añadió que se evaluarán los motivos de las contrataciones externas, considerando que en muchos casos los hospitales del IESS podrían haber atendido directamente.
Desde el Gobierno, una vocera presidencial negó categóricamente las acusaciones contra Lama y recalcó que “el IESS trabaja para erradicar la corrupción”. Además, presentó datos que muestran que de enero a octubre de 2025, el IESS pagó casi USD 500 millones a prestadores externos, luego de exhaustivas revisiones de auditoría.
“El director Lama está garantizando que los servicios realmente se devenguen antes de pagar, a diferencia de administraciones anteriores donde se cancelaba sin informes ni fiscalización”, indicó la vocera. Según los datos oficiales, la mayor parte de la deuda corresponde a periodos previos a la actual administración, y actualmente existen 236 proveedores externos, concentrados en Guayas y Pichincha.
Por su parte, Édgar Lama difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un intento político por “tergiversar hechos del pasado”.
“Hoy trabajo con firmeza para transparentar los procesos dentro del IESS. Pretenden manipular un episodio de cuando tenía 19 años para construir un relato falso de corrupción”, expresó el funcionario.
Lama insistió en que no tuvo participación política ni administrativa en los hechos señalados y ratificó su compromiso con la transparencia y el control interno dentro del IESS.
