Casi cuatro décadas después de los hechos y tras más de una década de retrasos judiciales, Ecuador vivirá un momento histórico con el inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en su historia. Este miércoles 5 de noviembre, a las 08:30, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dará apertura a la audiencia oral y pública del caso Alfaro Vive Carajo – Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, un proceso emblemático que busca justicia por presuntas torturas cometidas durante el gobierno de León Febres-Cordero en 1985.
Las víctimas —Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín— fueron detenidas en noviembre de ese año y, según consta en el expediente, sometidas a aislamiento, incomunicación y torturas físicas y psicológicas en dependencias militares y policiales. Estos hechos fueron denunciados desde entonces ante instancias nacionales e internacionales, pero el proceso judicial se ha extendido durante casi 40 años sin una resolución definitiva.
Primer juicio por lesa humanidad en el país
La Sala Especializada de lo Penal de la CNJ convocó a juicio a seis exoficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo: Juan Raúl Viteri Vivanco, Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera.
El caso será llevado por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, y contará con la presencia de representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cerca de 100 militares en la audiencia. Se prevé la participación de las propias víctimas, familiares y decenas de testigos, además de la presentación de peritajes y documentos oficiales de la época.
Entre las pruebas admitidas constan oficios de los ministerios de Defensa y Gobierno de 1985 y 1986, comunicaciones de la misión del Ecuador en Ginebra y reportes de organismos internacionales sobre desapariciones forzadas. Todo este material busca reforzar la argumentación de la Fiscalía, que sostiene que los hechos denunciados configuran un delito de lesa humanidad no sujeto a prescripción.
Cuatro décadas de dilaciones y obstáculos judiciales
El expediente del caso ha atravesado un laberinto de recusaciones, nulidades, excusas de jueces, cambios de fiscales y diferimientos que han prolongado su tratamiento por casi cuatro décadas. Uno de los momentos más recordados ocurrió en noviembre de 2015, cuando la jueza nacional Sylvia Sánchez no logró instalar la audiencia prevista debido a la ausencia de uno de los acusados, quien presentó un certificado médico de última hora. Ese episodio marcó una nueva postergación en un proceso que ya acumulaba más de 30 años sin una resolución de fondo.
Los registros judiciales indican que los hechos investigados se remontan al 10 de noviembre de 1985, cuando Vaca, Cajas y Jarrín fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Esmeraldas. Durante su cautiverio, denunciaron haber sido torturados y sometidos a distintos tipos de violencia física y psicológica. Uno de ellos permaneció desaparecido durante meses antes de ser hallado.
La Fiscalía sostiene que estos actos se enmarcan dentro de un patrón sistemático de represión estatal contra presuntos integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, lo que eleva la gravedad del caso bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Una oportunidad histórica para la justicia ecuatoriana
El juicio por el caso Alfaro Vive Carajo representa un precedente histórico en la lucha contra la impunidad en Ecuador. Por primera vez, se busca determinar responsabilidades penales en mandos militares y policiales por crímenes que se consideran imprescriptibles y que vulneraron gravemente los derechos humanos.
“Después de tantos años, esperamos que finalmente haya justicia y verdad”, han expresado las víctimas y sus representantes, quienes recalcan que este proceso “no es solo por tres personas, sino por todas las víctimas de la represión política de los años ochenta”.
Con esta convocatoria, la Corte Nacional intenta saldar una deuda pendiente con la memoria histórica del país y con las víctimas que han mantenido viva la exigencia de justicia por casi 40 años. El desarrollo de este juicio podría marcar un antes y un después en el sistema judicial ecuatoriano y en la forma en que el Estado enfrenta los crímenes cometidos en contextos de represión.
