El Parlamento de Singapur aprobó una reforma penal que incorpora el castigo físico de caning —azotes con vara de ratán— como sanción para quienes cometan estafas en línea o participen como “mulas” en redes de ciberfraude. La ministra de Estado de Asuntos Exteriores y del Interior, Sim Ann, explicó que los condenados recibirán un mínimo de seis azotes y un máximo de 24, dependiendo de la gravedad del delito.
La medida se produce en respuesta a un incremento alarmante de fraudes digitales, que sumaron decenas de miles de casos y pérdidas cercanas a los 385 millones de dólares solo durante el primer semestre de 2025, según cifras oficiales. Las autoridades calculan que este tipo de estafas representan el 60 % de todos los delitos registrados en años recientes, lo que evidencia la magnitud de la amenaza para la seguridad financiera y digital del país.
El castigo no solo afecta a los estafadores directos, sino también a reclutadores y miembros de bandas de fraude digital, mientras que otros delitos, como el vandalismo, dejarán de tener el caning obligatorio, quedando su aplicación a discreción judicial.
El caning es un castigo heredado del período colonial británico y consiste en azotar al condenado con una vara de ratán, previo examen médico. La ley protege a mujeres, niñas y hombres mayores de 50 años, quienes están exentos de esta pena física.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la práctica, calificándola de tortura, ya que contraviene los estándares del derecho internacional sobre derechos humanos.
Paralelamente, Singapur ha aprobado una nueva legislación que busca proteger a las víctimas de estafas digitales, permitiendo a la policía suspender transacciones bancarias cuando exista sospecha de fraude. Esta normativa complementa la medida del caning, fortaleciendo tanto la prevención como la persecución de delitos cibernéticos en el país.
La implementación de esta reforma refuerza la reputación de Singapur como uno de los países más estrictos en materia de control del crimen digital, mostrando un enfoque dual de sanción y protección: castigo físico a los infractores y medidas preventivas para las víctimas. Las autoridades sostienen que estas acciones buscan disuadir la expansión de redes de estafas, mejorar la seguridad financiera y mantener la confianza en los sistemas digitales y bancarios de la nación.
