El pasado viernes, 24 de enero de 2025, Roberto Romero B., quien fue designado como superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pero no ha sido posesionado por la Asamblea Nacional, presentó una solicitud ante la Corte Constitucional (CC) para la destitución de la Liga Azul y la consejera Nicole Bonifaz. En su petición, Romero alega que la resolución tomada por el pleno de la entidad de control, en la que se ratificó a Raúl González como cabeza de la Superintendencia de Bancos, debe ser anulada, pues considera que esta decisión incumple la sentencia emitida por la propia Corte Constitucional.
Acusaciones y demandas de Roberto Romero
Romero sostiene que la resolución adoptada por los miembros del CPCCS, que incluye a Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Betsy Saltos y Bonifaz, contraviene el fallo de la Corte Constitucional que ratificó su designación como superintendente de Bancos, dejando sin efecto la acción de protección presentada por González. Según el documento presentado por Romero, el fallo de la CC reconoció parcialmente la protección solicitada por González, pero dejó en firme la elección de Romero para asumir el cargo de superintendente, lo que, a juicio del demandante, invalida cualquier resolución posterior que contravenga esta determinación.
Romero pide que se deje sin efecto jurídico la resolución adoptada por el CPCCS, y solicita que se apliquen las sanciones correspondientes por lo que él califica como una interpretación errónea y fuera de lugar del fallo constitucional. Además, en su solicitud, subraya que esta situación crea un precedente negativo que podría poner en peligro la autonomía de las decisiones judiciales.
Contexto de la designación y las tensiones políticas
Cabe recordar que Romero fue seleccionado como superintendente de Bancos en 2022 por el exmandatario Guillermo Lasso Mendoza, quien envió una terna para este puesto. Sin embargo, la Asamblea Nacional no lo posesionó en su cargo, lo que dio lugar a una serie de tensiones políticas que han involucrado tanto al CPCCS como a la Corte Constitucional. La falta de posesión de Romero ha sido un tema recurrente en la política ecuatoriana, ya que su designación fue respaldada por la Corte Constitucional en su fallo, pero la Asamblea no ha dado cumplimiento a esta decisión, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre jurídica.
Por otro lado, la figura de la Liga Azul y su relación con el CPCCS ha estado en el centro de la controversia, ya que se la acusa de manejar ciertas decisiones de manera poco transparente y de no cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional en diversos casos. La presencia de Nicole Bonifaz, como una de las principales consejeras en la institución, también ha sido objeto de críticas, en especial por su apoyo a la resolución que ratificó a Raúl González en la Superintendencia de Bancos, situación que Romero considera una violación directa al fallo judicial que lo favorece.
El impacto de la solicitud de Romero
Esta solicitud presentada ante la Corte Constitucional por Roberto Romero representa un nuevo capítulo en las disputas políticas que se han venido desarrollando en Ecuador en torno al CPCCS, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Si la Corte acepta su solicitud y dicta una resolución favorable a Romero, podría desencadenar una serie de cambios en la composición del CPCCS y en la manera en que se toman las decisiones sobre cargos clave en el Gobierno ecuatoriano.
En este sentido, la petición de Romero se inscribe en un contexto político tenso, donde las interpretaciones de las sentencias constitucionales y las disputas de poder dentro de las instituciones del Estado siguen siendo un tema central del debate público. La respuesta de la Corte Constitucional será clave para determinar cómo se resolverán los desacuerdos entre las diferentes ramas del poder en Ecuador.
