El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) comunicó oficialmente la expulsión del asambleísta Sergio Peña Veloz, luego de su votación favorable al informe para el primer debate del proyecto de ley contra economías criminales. La decisión fue informada el jueves 29 de mayo de 2025 y ha generado una fuerte reacción dentro del correísmo y la política nacional.
En un comunicado público, la agrupación manifestó con contundencia que “no tolerarán la traición” y calificaron la acción del legislador como un rompimiento con los principios y el compromiso que debía mantener con la base que lo eligió. “Con firmeza y un inquebrantable sentido de responsabilidad política, Revolución Ciudadana y la Bancada Ciudadana informan al país la expulsión inmediata de Sergio Peña de sus filas”, reza el documento.
El mensaje también señala que Peña llegó al Parlamento creyendo representar “un proyecto progresista, humanista y transformador”, pero que su voto favorable evidenció una verdadera lealtad no hacia el pueblo sino hacia sus propios intereses personales. Esta declaración refleja la gravedad con la que RC interpreta la decisión del exasambleísta, evidenciando una ruptura profunda dentro del movimiento.
Este episodio tiene lugar en el contexto de la discusión de un proyecto de ley que busca combatir las economías criminales, un tema sensible que ha dividido opiniones entre distintos sectores políticos y sociales. La legislación, que ha sido impulsada con énfasis para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, generó discrepancias dentro de la Asamblea Nacional, especialmente en movimientos como el correísmo.
Para el sector correísta, la expulsión de Peña es un ejemplo claro de cómo se sancionan actos que consideran contrarios a la línea política oficial y a los principios del movimiento. Además, se interpreta como una advertencia para otros miembros que puedan tener posiciones divergentes respecto a temas clave del país.
Según cifras oficiales, la lucha contra las economías ilegales es un eje prioritario para el Gobierno y la Asamblea, debido a que estas actividades afectan significativamente la seguridad, la economía formal y la estabilidad social. Por ello, las votaciones y debates sobre este proyecto han sido seguidos de cerca por la opinión pública y los expertos en seguridad y derecho.
El caso de Sergio Peña abre un debate sobre la autonomía de los legisladores frente a sus partidos políticos, y sobre cómo se maneja la disciplina partidaria en situaciones de votaciones polémicas. Mientras RC mantiene una postura inflexible, Peña podría buscar otras vías para continuar su trabajo político, pero su expulsión lo aleja momentáneamente del escenario que le dio visibilidad.
En resumen, la expulsión de Sergio Peña de Revolución Ciudadana por apoyar la ley contra economías criminales evidencia la fuerte división interna dentro del movimiento y subraya las tensiones políticas que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.
