La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública ha generado inquietud en el sector cooperativo del Ecuador, especialmente por una disposición que permitiría a ciertas cooperativas de ahorro y crédito convertirse en sociedades anónimas, lo que a juicio de sus representantes, implicaría una transformación estructural que amenaza la esencia del modelo solidario.
Édgar Peñaherrera, gerente de la Red Financiera Rural (Icored), expresó su rechazo a esta propuesta. Afirmó que esta medida debilita la lógica cooperativa basada en la participación democrática, propiedad colectiva y beneficio social, sustituyéndola por fines puramente comerciales.
“No estamos en contra del fortalecimiento del sistema financiero, pero convertir a las cooperativas en bancos mercantiles sería perder su naturaleza”, señaló Peñaherrera en declaraciones públicas.
⚖️ ¿Qué plantea la Ley de Integridad?
Entre sus disposiciones, la nueva ley —que fue aprobada por la Asamblea Nacional y espera pronunciamiento del Ejecutivo— establece que cooperativas con altos niveles de activos podrán transformarse en bancos privados bajo la figura de sociedades anónimas, si así lo deciden sus socios.
Esta transformación implicaría cambiar su estructura jurídica, modelo de gobernanza y el tipo de supervisión, que en lugar de estar bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pasaría a la Superintendencia de Bancos.
Desde el Gobierno, se argumenta que el objetivo es permitir una evolución del sistema financiero solidario para que sea más competitivo, transparente y eficiente. Sin embargo, los voceros del sector cooperativo temen que esto genere concentración del poder, pérdida de control comunitario y desnaturalización de sus principios fundacionales.
🧭 Un modelo que ha crecido en cobertura e inclusión
Icored recordó que las cooperativas han sido claves para ampliar el acceso a servicios financieros en zonas rurales y urbanas marginales. Actualmente, el sistema cooperativo agrupa a más de 6,8 millones de socios en el país, lo que representa cerca del 40 % de la población económicamente activa.
“Gracias a las cooperativas, sectores históricamente excluidos han podido ahorrar, acceder a crédito y participar activamente en la economía”, enfatizó Peñaherrera, quien llamó al Ejecutivo a revisar este artículo de la ley antes de su promulgación.
