El Gobierno ecuatoriano ha presentado una propuesta que ha causado gran preocupación entre organismos de derechos humanos, al sugerir eliminar a las personas privadas de libertad (PPL) de la categoría de grupos prioritarios, lo que podría generar un retroceso en los derechos fundamentales de este sector. Mientras que el Ejecutivo defiende su propuesta como una medida de justicia e igualdad en la distribución de recursos y atención estatal, la comunidad defensora de los derechos humanos considera que se trata de una regresión en los avances logrados hasta ahora.
El presidente Daniel Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución que propone cambiar los artículos 35 y 51, que actualmente aseguran que los grupos prioritarios —en los que se incluyen a los PPL— reciban atención especial en sectores como salud, educación, y otros servicios tanto públicos como privados. La reforma también se enfoca en los derechos de las personas privadas de libertad, que hasta ahora han sido considerados como un grupo de atención prioritaria debido a su vulnerabilidad.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó este cambio de «sorpresivo» y «preocupante», señalando que puede tratarse de una regresión en el ámbito de los derechos humanos. Navarrete destacó que la escasa política pública en torno al sistema carcelario ha llevado a la militarización de las cárceles, sin que haya evidencia del control real por parte del Gobierno sobre los centros de privación de libertad. Además, subrayó que en los pabellones de las prisiones persisten las organizaciones criminales que ejercen el control, lo que pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios encargados de la seguridad y la atención en los recintos.
Navarrete también indicó que las condiciones en las cárceles no han mejorado, ya que se han registrado restricciones tanto en alimentos como en el acceso a servicios de salud. En algunos casos, los presos enfrentan enfermedades graves como tuberculosis, lo que resalta la necesidad urgente de garantizar sus derechos básicos. En su opinión, la reducción de los recursos destinados a los más de 35,000 presos no sería una solución adecuada. Por el contrario, se debería priorizar la atención a este grupo, dada su condición de vulnerabilidad.
En respuesta, el Gobierno ecuatoriano ha argumentado que la propuesta busca una mayor equidad en la asignación de recursos. Según el Ejecutivo, existen diversas instituciones públicas encargadas de velar por los derechos de las personas privadas de libertad, como el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que se encarga de la rehabilitación social. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para implementar la Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025, se requeriría un presupuesto superior a los 27 millones de dólares anuales.
Además, el Gobierno ha defendido que esta medida no constituye una restricción de derechos, sino que se trata de una reestructuración en la manera de distribuir los recursos y la atención estatal. Según el Ejecutivo, la exclusión de los PPL de los grupos prioritarios no implica un recorte de derechos, ya que las restricciones a sus libertades son legales y están basadas en el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Sin embargo, expertos como Jean Paul Pinto, analista en seguridad, consideran que esta propuesta representa una criminalización de la política pública. Pinto argumenta que al quitarles la categoría de grupo prioritario a los presos, se les están quitando derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de reinserción y rehabilitación. Pinto vincula esta propuesta a una política de «mano dura» que no mejorará la situación de los presos, quienes en su mayoría provienen de sectores pobres y carecen de recursos económicos y educativos.
Por otro lado, el abogado Stalin Sacoto se cuestiona por qué las personas privadas de libertad fueron incluidas en la categoría de grupo vulnerable si, según él, no dejan de ser ciudadanos activos. Sacoto menciona que existen suficientes tratados internacionales, como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen la adopción de medidas de protección dentro de las cárceles, como la garantía de la vida, la salud, y la educación, entre otros.
Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, también se mostró en contra de la propuesta del Gobierno, indicando que los PPL deberían ser considerados grupos prioritarios debido a la desventaja que enfrentan frente al poder del Estado. Gagliardo destacó que, aunque los presos condenados no pierden sus derechos, las personas sin sentencia deben ser atendidas de manera prioritaria debido a su vulnerabilidad. En su opinión, las condiciones dentro de las cárceles son extremadamente duras y los derechos de los detenidos deben ser respetados, especialmente cuando hay dudas sobre su culpabilidad.
