La Asamblea Nacional conoció este martes 24 de marzo de 2026, en segundo debate, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que plantea facultar al presidente de la República para declarar proyectos de vivienda como estratégicos a escala nacional. Sin embargo, tras la discusión en el pleno, la propuesta retornó a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que en un plazo de ocho días se recojan las observaciones presentadas y se ajuste el texto definitivo antes de volver a votación.
El pedido fue planteado por el legislador ponente Milton Aguas, de la bancada ADN, quien sostuvo que la iniciativa busca modernizar la planificación territorial y facilitar el acceso a vivienda mediante procesos más ágiles. Según explicó, la propuesta contempla al menos 40 reformas a la normativa vigente y permitiría que, con un informe previo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el Ejecutivo declare la condición de Proyecto Nacional Estratégico de Construcción de Vivienda.
De acuerdo con el texto debatido, cualquier proyecto podría recibir esa categoría si cumple con requisitos que serán definidos posteriormente en un reglamento emitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, como ente rector en hábitat y vivienda. La intención, según sus impulsores, es que proyectos con impacto económico y capacidad de generar empleo puedan avanzar bajo un régimen de habilitación más expedito, sin alterar el objeto principal de la ley.
Durante el debate, Aguas defendió la propuesta señalando que responde a la necesidad de evitar tragedias derivadas de la falta de planificación en los municipios, especialmente en temporada invernal. Además, reveló que antes de la sesión ADN mantuvo reuniones con otras fuerzas políticas para escuchar observaciones, lo que motivó la decisión de devolver el texto a la mesa legislativa y mejorar su redacción.
La asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de ADN, sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es reducir trabas burocráticas en los gobiernos autónomos descentralizados para agilizar permisos, licencias y delimitaciones de suelo necesarias para desarrollar planes habitacionales. También destacó que la reforma fortalecería a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y fijaría plazos de hasta 30 días para las autorizaciones relacionadas con el uso y gestión del suelo.
Desde la oposición, la legisladora Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana, expresó reparos al considerar que la iniciativa podría restar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y trasladarlas al Ejecutivo. A su criterio, la propuesta abre la puerta a que el gobierno nacional asuma decisiones sobre territorios y proyectos de interés social si los municipios no actúan dentro del plazo previsto, lo que podría afectar la autonomía local.
Núñez también vinculó esta reforma con el proyecto económico urgente que actualmente analiza la Asamblea sobre incentivos tributarios al sector privado por donaciones de viviendas de interés social. Según advirtió, ambas iniciativas podrían terminar beneficiando a promotores inmobiliarios mediante decisiones centralizadas del Gobierno.
Por su parte, el legislador independiente Cristian Benavides respaldó varios puntos del proyecto. Señaló que la reforma refuerza el rol técnico de control sobre el ordenamiento territorial y permitiría sancionar irregularidades en permisos de construcción emitidos en zonas de riesgo. No obstante, aclaró que la gestión del uso del suelo continúa siendo competencia exclusiva de los municipios y que lo que se plantea es la posibilidad de declarar áreas prioritarias para vivienda social, siempre con coordinación previa.
Benavides defendió que la propuesta no vulnera la autonomía de los GAD, sino que busca facilitar la ejecución de proyectos habitacionales y dinamizar la economía a través de la generación de empleo. También puntualizó que la declaratoria de proyectos estratégicos no implicaría levantar viviendas en cualquier espacio, por ejemplo en zonas rurales productivas, sino dentro de parámetros previamente coordinados.
Con el retorno del proyecto a la Comisión de Gobiernos Autónomos, el texto deberá ser revisado y ajustado con base en las observaciones planteadas por las distintas bancadas. Una vez concluido ese proceso, la propuesta volverá al pleno para su votación definitiva.
