Proyecto de Ley de higiene menstrual pasó a primer debate

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En la sesión número 773 que se realizó en el pleno de la Asamblea Nacional se realizó el primer debate del Proyecto de Ley de Salud e Higiene Menstrual. El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud del Parlamento, Marco Molina, indicó que el objetivo es regular la gestión menstrual a través del acceso y uso de productos de higiene saludables y sustentables, de manera focalizada y progresiva para las menstruantes de forma digna y equitativa.

El legislador acotó que la propuesta se originó porque la mayoría de adolescentes y mujeres que viven en la pobreza no tienen acceso a productos de higiene menstrual.

“Con esta propuesta de ley se beneficiarán estudiantes de unidades educativas públicas, personas usuarias de los servicios públicos de salud en condiciones de vulnerabilidad y personas privadas de la libertad, se priorizará aquellas pertenecientes a la ruralidad”.

También intervinieron Bernarda Cornejo, Valeria Galarza, Camila Albuja, de la Red en Rojo, agrupación dedicada a la salud y educación menstrual, así como Aimé Maza Valle, del Movimiento de Mujeres de El Oro, quienes expusieron las condiciones de las mujeres que padecen la falta de insumos sanitarios. Dijeron que no se trata solo de entregar insumos, sino de proveer información y educación.

En el debate intervinieron 11 asambleístas, quienes, en su mayoría, destacaron que este proyecto de Ley es importante para la salud menstrual y para facilitar el acceso a sus productos. Sobre todo para quienes menos poseen.

Sugirieron modificar el concepto de higiene por el de gestión en el título de la norme y, entre otros temas, señalaron que la Ley debe ser integral. Es decir, que se debe establecer qué instituciones se encargarán de la entrega de los productos de higiene menstrual. También se dijo que se incluya de la medicina ancestral, respetando sus prácticas; y que se priorice la educación para mujeres de las comunas y nacionalidades.

Los legisladores también enfatizaron en que la ley tendría un impacto en el gasto público. Por ello dijeron que señalar las fuentes de financiamiento es importante para que la normativa sea viable y sostenible. Por ello, señalaron que se requiere contar con los estudios de factibilidad pertinentes.

Una vez finalizado el debate, la Comisión del Derecho a la Salud receptará las observaciones y sugerencias con el fin de elaborar el informe para segundo debate.

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