El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está en proceso de definir el reglamento para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Esta tarea comenzará el 27 de agosto de 2024 con la creación de un proyecto que determinará los criterios y procedimientos para el concurso público de oposición y méritos. Esta iniciativa se enmarca en un ambiente preelectoral, dado que se están considerando posibles candidaturas para la Asamblea Nacional en los comicios de 2025.
Durante la primera sesión técnica del CPCCS, se espera que los siete consejeros y sus asesores elaboren el borrador del reglamento. Este documento será revisado por el Área de Coordinación Jurídica para asegurar que no contradiga otras normativas. La propuesta será debatida y probablemente votada por el pleno el viernes, siguiendo la resolución tomada la semana pasada.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni Baldeón, presentó un comunicado que incluye cuatro puntos clave para el reglamento. Entre ellos se destaca la introducción de una prueba oral para evaluar la capacidad de litigio y manejo de audiencias de los candidatos, alineada con el sistema de oralidad vigente en la Función Judicial. También se exige una probidad notarial impecable, más allá de la ausencia de expedientes judiciales o administrativos, enfatizando la rectitud y honestidad en el servicio público. Además, se propone la inclusión de una veeduría internacional para asegurar la transparencia del proceso y la formación de un tribunal de expertos para evaluar méritos, pruebas escritas y casos prácticos.
Por otro lado, el consejero Augusto Verduga propuso que no se aplique una prueba práctica u oral debido a la posibilidad de subjetividad. Verduga también sugirió que solo se consideren impugnaciones basadas en sentencias ejecutoriadas o sanciones administrativas y que se excluya como motivo de impugnación el ejercicio profesional en la abogacía o en el ámbito académico.
La consejera Johanna Verdezoto, a través de una publicación en X, planteó que los candidatos sean evaluados con una escala de 50 puntos, en lugar de 100. De estos, 20 puntos se asignarían a méritos y 30 al examen de conocimientos, con cinco puntos para el examen oral y 25 para el escrito. También sugiere puntos adicionales por acción afirmativa, como la experiencia en cantones rurales, que podrían sumar hasta dos puntos.
Las consejeras Nicole Bonifaz López, Jazmín Enríquez y Yadira Saltos aún están revisando y ajustando los artículos del reglamento. Mientras tanto, el vocal Juan Guarderas Cisneros ha señalado que organismos internacionales como Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea han contribuido con insumos para el desarrollo del reglamento, con el objetivo de evitar la influencia de partidos políticos en la selección del nuevo fiscal.
El proceso completo para elegir al nuevo fiscal podría durar entre ocho y nueve meses, pero debido a posibles impugnaciones y garantías jurisdiccionales, se estima que podría extenderse hasta un año. Las etapas del proceso incluyen la aprobación del reglamento, la convocatoria de veeduría ciudadana, la formación de una comisión ciudadana, la revisión de requisitos y méritos, el examen escrito, la evaluación de la probidad y, finalmente, la designación del nuevo fiscal por parte del pleno del CPCCS.
