La jueza de Pichincha, Nubia Vera, se encuentra actualmente involucrada en varios procesos judiciales y administrativos tras denunciar que fue amenazada por funcionarios del Consejo de la Judicatura. Esto sucedió después de que resolviera la acción de protección solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad, decisión que revocó la suspensión de 150 días del cargo de Abad.
En total, son cuatro los procesos que están en marcha relacionados con este caso: una investigación previa abierta de oficio por la Fiscalía, una solicitud de declaratoria jurisdiccional ante un posible dolo o negligencia, una denuncia penal interpuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y una querella por calumnias. Estos procesos surgen después de que Vera afirmara haber sido presionada por el propio Godoy, el director provincial del CJ, Henry Gaybor, y el asesor Jorge Carrillo, quienes supuestamente la intimidaron el 23 de diciembre para que fallara en contra de la acción de protección de Abad.
La Fiscalía, al enterarse de las amenazas, abrió una investigación preliminar sobre un posible tráfico de influencias, notificando a Godoy. Este, sin embargo, se negó a comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, alegando que esto podría interferir con las investigaciones en curso. Aunque Vera fue convocada para rendir su versión, no acudió, aunque se espera que se fije una nueva fecha.
En cuanto a las pruebas, Vera aseguró que posee un dispositivo flash que le entregaron durante la visita de las autoridades del CJ, y que en este pendrive estaría el documento que supuestamente le indicaba cómo debía fallar en el caso de Abad. La jueza aseguró que dicho dispositivo está a buen recaudo y será entregado a las autoridades para las investigaciones pertinentes. Aunque se ha extraído de la memoria USB un documento con nueve páginas, Godoy ha expresado dudas sobre la autenticidad de las pruebas, sugiriendo que las evidencias digitales deben ser claras y verificables.
El presidente del CJ, Mario Godoy, ha señalado que respalda la investigación sobre los hechos, aunque ha defendido las visitas realizadas a la jueza Vera, aclarando que estas fueron de carácter laboral y administrativo. También confirmó que presentó una denuncia penal contra Vera por las «falsedades formuladas» en su contra, con el fin de proteger su honor y su función en el CJ. La denuncia fue presentada el 24 de diciembre ante la Fiscalía, y la querella por calumnias fue dirigida a la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
Además de la denuncia penal, Vera también enfrenta un proceso administrativo por posibles omisiones o negligencia en un caso relacionado con la empresa Comware S.A. El procurador de la empresa solicitó la declaratoria jurisdiccional previa, por lo que el Consejo de la Judicatura ha ordenado que se conforme un tribunal para revisar las acciones de la jueza en este asunto. Los jueces encargados de resolver este caso serán Ruth Ávila, Leonardo Barriga y Diana Fernández. A Vera se le dio un plazo de cinco días para presentar un informe detallado sobre la denuncia.
El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece que los jueces pueden ser destituidos si se demuestra que actuaron con dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. De ser hallada culpable en alguno de estos casos, Vera podría enfrentar sanciones graves.
