La proforma presupuestaria del Estado para 2026, enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, ha generado preocupación entre expertos y representantes del sistema de seguridad social. El documento contempla una transferencia de $2.926,25 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), monto que el Frente Nacional por un Nuevo IESS considera insuficiente para cubrir las necesidades reales de jubilación y salud.
El presupuesto general del Estado (PGE) asciende a $46.255 millones, incluyendo financiamiento y amortizaciones. De ese total, el 7,97 % se destina al sistema de seguridad social, que abarca al IESS, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al de la Policía Nacional (Isspol).
Para 2026, se asignarán $450,82 millones al Issfa y $311,37 millones al Isspol. En el caso del IESS, la asignación representa el 6,33 % del presupuesto estatal y el 2,19 % del PIB, aunque el 91,74 % de esos recursos corresponden al aporte del 40 % que el Estado realiza para cubrir las pensiones del seguro general.
Según Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, la cifra proyectada “no refleja la realidad del número de jubilados que se debe contemplar para 2026”. Explicó que el monto apenas se incrementa en $366 millones respecto al presupuesto anterior, lo que considera “insuficiente frente a las obligaciones acumuladas del Estado”.
En 2025, el Gobierno debía transferir $4.469,3 millones al IESS, pero solo presupuestó $2.666,47 millones, dejando un faltante cercano a $1.900 millones. Para el nuevo ejercicio fiscal, Llanes estima que la transferencia debería bordear los $5.000 millones, considerando que cada año se suman entre 40.000 y 60.000 nuevos jubilados a los 700.000 actuales.
El dirigente también advierte que el documento oficial omite detalles clave, como el número proyectado de jubilados y los montos solicitados por el propio IESS al Ministerio de Economía para cubrir sus obligaciones. “Lo que tenemos son datos generales sin un análisis estructural de las necesidades reales del Seguro Social”, señaló.
Además, criticó que los recursos asignados para salud sean “muy limitados”, pues la mayor parte del presupuesto se destina al pago de pensiones. Esta situación, dijo, podría agravar la crisis de atención médica en el IESS durante 2026. Llanes considera que el Ejecutivo incumple la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2024, la cual obliga a garantizar la sostenibilidad del sistema y los pagos al 100 %.
Otro punto de controversia es la deuda histórica del Estado con el IESS, que hasta mayo de 2025 ascendía a $27.389 millones, según el propio Seguro Social. La Ley de Seguridad Social exige que el Ministerio de Economía firme un acuerdo de pago a 10 años antes de marzo de 2025 para saldar ese compromiso, correspondiente a los años 2012-2023. No obstante, la proforma no incluye información sobre la asignación presupuestaria destinada a este plan de pago.
De acuerdo con el documento de ingresos y egresos del PGE, las transferencias al IESS se distribuyen así:
- $2.684,41 millones por contribuciones del 40 % para pensiones del seguro general,
- $18,15 millones por pensiones de riesgos del trabajo,
- $89,17 millones para el Seguro Social Campesino,
- $22,74 millones para incremento de pensiones jubilares,
- $48,39 millones para el seguro adicional del magisterio fiscal,
- y $47,03 millones en subsidios a aportaciones de personas que realizan trabajo no remunerado del hogar.
El presidente Noboa remitió la proforma a la Asamblea Nacional el 31 de octubre de 2025, y el Legislativo tiene 30 días para aprobarla o hacer observaciones. Si en ese plazo no se pronuncia, la propuesta entrará automáticamente en vigencia junto con la programación presupuestaria cuatrianual.
El debate en el Parlamento será clave para definir si el financiamiento al IESS en 2026 será suficiente para enfrentar los desafíos del sistema de pensiones, salud y prestaciones sociales, o si persistirá la incertidumbre que hoy rodea al futuro de la seguridad social en Ecuador.
