Los tres individuos acusados del asesinato de Gabriela Echeverría y Héctor Zambrano, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en su finca en San Plácido, Portoviejo, están enfrentando prisión preventiva. La noticia del hallazgo de los cuerpos llegó el 19 de agosto, pero se estima que las víctimas llevaban entre ocho y once días fallecidas antes del descubrimiento.
Detalles del caso y arrestos
Uno de los detenidos es el capataz de la finca, quien fue arrestado en el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos. Los otros dos sospechosos fueron capturados en El Empalme, Guayas. Gabriela Echeverría, reconocida abogada en Manta, y su esposo Héctor Zambrano, hermano del viceprefecto de Esmeraldas, Diego Zambrano, habían perdido contacto con sus familiares el 7 de agosto, lo que generó preocupación y llevó a la búsqueda de los esposos.
Motivación y cargos
La investigación sugiere que el motivo detrás del doble crimen podría estar relacionado con un robo. Tras la muerte de los esposos, se ha reportado la venta de ganado y la tala de árboles en la finca, lo que refuerza la hipótesis del robo. Los acusados enfrentan cargos bajo el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que trata sobre la desaparición involuntaria. Este artículo establece una pena de siete a diez años de prisión para quienes privan de libertad a personas en contra de su voluntad. Si la víctima muere, la pena puede incrementarse a 22 a 26 años.
Aumento de penas y agravantes
Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, explicó que, dado el carácter doble del homicidio y la retención de las víctimas en contra de su voluntad, las penas podrían acumularse. En caso de que se demuestren agravantes durante el juicio, la pena podría incrementarse en un 30%, llevando la condena potencial a 33 años y 9 meses. Sin embargo, dado que se trata de un doble asesinato, Gagliardo sugiere que la pena podría llegar hasta 40 años.
Impacto y reacción
Este caso ha conmocionado a la comunidad y pone de relieve la severidad con la que se tratan los crímenes de este tipo en el sistema judicial ecuatoriano. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y asegurar que se haga justicia para las víctimas y sus familias.
