La tasa de pobreza nacional en Ecuador se ubicó en el 24 % en junio de 2025, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta cifra representa una ligera disminución respecto al 27 % registrado en junio de 2023.
Desde el Gobierno se destacó que cerca de 220.000 personas habrían salido de la pobreza durante el último año. No obstante, el INEC aclara que esta variación no es estadísticamente significativa, lo que significa que el cambio podría deberse al margen de error de la encuesta y no necesariamente a una mejora sustancial en las condiciones de vida.
En cuanto a la pobreza extrema, esta se mantuvo prácticamente sin variación, al pasar del 8,2 % en junio de 2023 al 8,1 % en el mismo mes de 2025. Nuevamente, esta diferencia no presenta relevancia estadística según el INEC, lo que evidencia que los niveles de vulnerabilidad más altos siguen siendo un desafío estructural para el país.
Las autoridades atribuyen la mejora en la pobreza general a la recuperación económica parcial y a programas de asistencia social aplicados durante el último año. Sin embargo, economistas y analistas sociales han señalado que la falta de empleo adecuado y el alto costo de vida siguen limitando el impacto real de esas políticas públicas.
La encuesta también revela que la pobreza rural continúa siendo más alta que en áreas urbanas. En zonas rurales, la tasa se sitúa en el 38,7 %, mientras que en las ciudades es del 18,3 %. Esta brecha resalta la persistente desigualdad territorial en el acceso a oportunidades y servicios básicos.
En términos absolutos, cerca de 4,3 millones de ecuatorianos viven en condiciones de pobreza, de los cuales aproximadamente 1,45 millones se encuentran en pobreza extrema. El INEC explica que se considera pobre a una persona cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo de los USD 92,26, mientras que la pobreza extrema se mide con un umbral de USD 50,30 mensuales.
Estos datos servirán como insumo clave para los programas de planificación económica y social del país en los próximos meses, especialmente en un contexto de inflación contenida pero con riesgos de desaceleración del crecimiento.
