La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha decidido suspender el trámite del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, hasta que se llegue al momento procesal adecuado. La decisión, tomada el 2 de septiembre, responde a una orden judicial emitida por el juez constitucional Édgar Romero.
Romero otorgó un plazo de 24 horas a Aguirre para que informara sobre el cumplimiento de una sentencia que dictó una acción de protección a favor del archivo de tres juicios políticos contra ministros del gobierno de Guillermo Lasso. Esta sentencia, planteada por la asambleísta Inés Alarcón, también declaró una vulneración al derecho al debido proceso.
Aguirre comunicó que procederá de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que se retrotraerá el proceso al momento en que se retiraron las firmas para los juicios políticos. Esta medida busca evitar que se afecten los derechos de terceros y situaciones jurídicas consolidadas. La Comisión deberá ahora revisar si se cumple con el número requerido de firmas para continuar con los juicios políticos contra Sebastián Corral Bustamante, Pablo Arosemena Marriot, y Andrea Montalvo Chedraui.
En cuanto al juicio político contra Mónica Palencia, Aguirre ha declarado que no se convocarán nuevas sesiones ordinarias hasta que el proceso avance a la etapa correspondiente. Además, se ha instruido a la secretaria relatora de la Comisión para que notifique a los legisladores sobre el retiro de firmas y se verifique si las nuevas adhesiones cumplen con los requisitos legales para continuar con el trámite.
En una resolución aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre, con 87 votos a favor, se rechazó la sentencia del juez Édgar Romero que había concedido la acción de protección. La resolución, que proviene de la bancada correísta, no usa el término «desacatar», pero cuestiona la intervención del juez en la independencia de las funciones del Estado. También autoriza al presidente de la Asamblea a presentar recursos contra la sentencia y a solicitar a la Corte Constitucional una revisión de la sentencia emitida en la causa 17283-2024-01215.
La resolución también autoriza al presidente de la Asamblea a presentar denuncias ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado contra el juez que emitió la sentencia. Además, se ha dispuesto que el Comité de Ética y el Consejo de Administración Legislativa inicien procedimientos administrativos contra los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado Bedrán, aunque esto quedará pendiente del pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Finalmente, la Asamblea ratificó las acciones del secretario general Alejandro Muñoz, quien había adelantado que el Legislativo no acataría la sentencia del juez. La Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, deberá decidir en su próxima sesión si continuará con el juicio político contra Palencia, acusada de presuntos incumplimientos en su función y falta de liderazgo en el manejo de la seguridad interna del país.
