El exasambleísta Pablo Muentes, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga, ha solicitado un habeas corpus, alegando que su vida corre peligro en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. Muentes, quien forma parte de los 25 imputados en este caso, afirma que ha recibido amenazas de muerte y extorsiones dentro del centro penitenciario. Su abogado presentó la solicitud ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), buscando una medida alternativa a la prisión preventiva.
El abogado de Muentes reveló que el exlegislador recibió un ultimátum: «Si quiere vivir, debe depositar dinero en la cuenta de un recluso». Esta afirmación fue escuchada por miembros de la Infantería de Marina, que resguardan el centro. «Siento que mi vida está en riesgo al 100 % aquí», aseguró Muentes durante la audiencia del 25 de septiembre.
La sesión, que se prolongó por más de dos horas, se centró en la tercera solicitud de habeas corpus presentada por Muentes. Un segundo pedido había sido denegado recientemente, ya que los jueces consideraron que no se había vulnerado su derecho a la salud. Este nuevo proceso se suspendió, reprogramándose para el 26 de septiembre, debido a la falta de un informe clave del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que corroborara la situación de riesgo que enfrenta.
Muentes expuso ante los jueces que su situación es crítica, especialmente tras la decisión de su partido, el Partido Social Cristiano (PSC), de archivar juicios políticos contra la fiscal general, Diana Salazar. Según su abogado, esta decisión ha provocado represalias dentro de La Roca, donde se afirma que Muentes «pactó» con la Fiscalía y, por ende, debe enfrentar consecuencias.
Además, se mencionaron incidentes recientes que apuntan a intentos de agresión, incluyendo la fuga de un recluso que limó una varilla con la supuesta intención de atacar a Muentes. A pesar de que el intento fue frustrado por la inteligencia militar, el abogado argumentó que este incidente, junto con otros indicios, justifica la urgencia de su solicitud.
En la audiencia, Muentes mencionó que un dron había caído en el techo de La Roca, y que su explosión podría haberle costado la vida. «Si el dron hubiese explotado de inmediato, no estaría aquí», afirmó. Según su defensa, la situación ha transformado a Muentes en un «enemigo común» entre los internos, lo que agrava su precariedad en el sistema penitenciario.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) solicitó más tiempo para preparar una respuesta adecuada a las acusaciones de Muentes. La procuraduría también intervino, pidiendo claridad en el manejo de los habeas corpus previos y actuales, para evitar confusiones sobre los hechos en cuestión.
La defensa de Muentes subrayó la necesidad de garantizar su seguridad en un ambiente que, según argumenta, es hostil y peligroso. A medida que se desarrolla este proceso, el futuro del exasambleísta y su estado de salud permanecen en el centro del debate.
