La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes que un segundo menor de edad se presentó voluntariamente ante las autoridades por su presunta participación en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente en Bogotá. Con este nuevo desarrollo, ya son siete las personas formalmente vinculadas al caso, dos de ellas adolescentes.
Según la entidad investigadora, el menor compareció de forma voluntaria en compañía de su abogado, y quedó a disposición del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Su testimonio podría aportar información clave en el proceso que investiga los hechos ocurridos la semana pasada, cuando una carga explosiva fue activada en cercanías del recorrido habitual del vehículo del senador.
El atentado, que no dejó víctimas fatales pero generó daños materiales y una amplia conmoción política, está siendo manejado como un caso de terrorismo y tentativa de homicidio agravado. El fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó en declaraciones recientes que “se están acelerando las etapas del proceso para garantizar justicia y protección a los funcionarios públicos”.
Los otros cinco implicados que han sido identificados son mayores de edad, algunos con antecedentes por delitos relacionados con violencia urbana y pertenencia a estructuras criminales. Las autoridades no descartan que se trate de una acción planeada por una organización con intereses políticos o ideológicos.
El senador Miguel Uribe, perteneciente al partido Centro Democrático, ha mantenido una postura crítica frente a sectores del actual gobierno y ha manifestado preocupación por el clima de inseguridad que rodea la actividad política en el país. “Esto no es solo un ataque contra mí, sino contra la democracia”, expresó en una rueda de prensa.
Por su parte, la Policía Nacional y el CTI continúan realizando operativos de seguimiento, análisis de cámaras de seguridad y recolección de pruebas forenses para esclarecer completamente los hechos y dar con los autores intelectuales del ataque.
El caso ha encendido alarmas sobre la participación de menores en actividades criminales orquestadas por adultos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han insistido en que se deben fortalecer las estrategias de prevención y reintegración juvenil para evitar que los adolescentes sean instrumentalizados por redes delictivas.
La audiencia de legalización de aprehensión y formulación de cargos del menor se realizará en las próximas horas, y su identidad ha sido reservada por tratarse de un menor de edad.
