La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) anunció este jueves 30 de octubre que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de Transparencia Social, aprobado por el Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo n.º 191, emitido el 27 de octubre.
En un comunicado público, la FOA manifestó que el reglamento “viola la Constitución del Ecuador y vulnera derechos fundamentales como la asociación, la libre determinación y la resistencia”. Según la federación, la normativa busca controlar y disolver a las organizaciones sociales, limitando su derecho a cuestionar proyectos extractivos y otorgando al Estado la facultad de retener fondos sin orden judicial previa.
El colectivo indígena calificó la medida como una herramienta de “persecución política”, que criminaliza la defensa del agua y afecta directamente a las comunidades campesinas e indígenas que protegen los páramos y fuentes hídricas de la provincia. “Esta norma atenta contra la autonomía de las organizaciones populares y fortalece un modelo extractivista que ignora los derechos de la naturaleza”, expresó la FOA en su pronunciamiento.
Hasta el 30 de octubre, seis demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas ante la Corte Constitucional por parte de diferentes organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Conaie, Acción Ecológica, Fundamedios, la Alianza por los Derechos Humanos y diversos colectivos de mujeres, que solicitan la anulación de la norma por considerarla contraria a los principios democráticos y de participación ciudadana.
La FOA advirtió además que el reglamento permite la inmovilización de fondos por “actividades sospechosas o injustificadas”, lo cual, según la organización, “abre la puerta a la discrecionalidad estatal y al uso político de los recursos financieros”. También denunció que la disposición prohíbe a las fundaciones y organizaciones sociales realizar acciones que busquen frenar o paralizar actividades mineras legales, lo que, en su criterio, vulnera el derecho a la protesta y la defensa del territorio.
Por otro lado, la federación rechazó el evento “Cuenca Natural Flow”, promovido por el Gobierno Nacional como una actividad cultural en defensa del medioambiente. Para la FOA, dicho evento fue un “show propagandístico” que intentó “lavar la imagen gubernamental” y encubrir vínculos con empresas extractivas.
“Desde la gran marcha del 16 de septiembre, impulsada por las defensoras y defensores de Kimsakocha, el Gobierno ha intentado recuperar legitimidad. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: las concesiones mineras en los páramos continúan vigentes y la resolución que revoca licencias ambientales carece de sustento legal”, enfatizó la organización.
Con esta acción, la FOA se suma a un frente amplio de movimientos sociales que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Social, señalando que su aplicación pone en riesgo la libertad de organización y la participación ciudadana en temas ambientales y de derechos humanos.
