La audiencia preparatoria de juicio por peculado contra Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República, ha sido pospuesta por octava vez, esta vez debido a la ausencia de su abogada defensora, Vanessa Pullas Recalde, quien está internada por motivos de salud. La nueva fecha de la diligencia ha sido reprogramada para el próximo 11 de diciembre de 2024 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La solicitud de diferimiento
El 3 de diciembre de este año, se esperaba que se llevara a cabo la audiencia en la Sala Especializada de lo Penal, donde se estaba evaluando el caso del exvicepresidente. Sin embargo, debido a la enfermedad de su única defensora, la audiencia no pudo realizarse y se pospuso por octava vez. A través de un escrito dirigido al juez nacional Julio Inga, Glas solicitó nuevamente el diferimiento de la audiencia. En su solicitud, Glas informó que la abogada Pullas se encontraba hospitalizada en un centro de salud en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que imposibilitó su participación en el proceso.
El caso Reconstrucción de Manabí
Este caso, conocido como «Reconstrucción de Manabí», está relacionado con presuntos actos de corrupción en la contratación de varios proyectos de reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que resultaron gravemente afectadas por el terremoto de 2016. Entre los proyectos investigados se encuentran la construcción del parque Las Vegas y el proyecto vial Manta-Colisa.
La Fiscalía General del Estado sostiene que estos proyectos fueron prioritarios, a pesar de que no cumplían con los ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación establecidos por la Ley de Solidaridad. De acuerdo con las autoridades, existían más de 580 proyectos de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían atención inmediata, pero estos no fueron priorizados. Según la Fiscalía, los contratos fueron adjudicados sin tener en cuenta las necesidades urgentes del pueblo afectado.
Los acusados en el caso
En este proceso, Jorge Glas está siendo investigado por su papel como exvicepresidente y presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Junto a Glas, también se encuentran bajo investigación varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, como Carlos Bernal y Walter Solís, entre otros. Todos están siendo señalados por su posible implicación en la gestión indebida de los fondos destinados a la reconstrucción.
La postura de la Fiscalía
La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar Méndez, quien participó en la audiencia de forma virtual, expresó su rechazo a los intentos de dilatar el proceso judicial. Según Salazar, la reprogramación de la audiencia y los constantes diferimientos son maniobras que buscan retrasar el dictamen acusatorio en este caso de gran relevancia para la lucha contra la corrupción en el país. La fiscalía ha subrayado la importancia de llevar este caso a juicio para esclarecer los posibles delitos y sancionar a los responsables.
La situación de Jorge Glas
Actualmente, Jorge Glas se encuentra detenido en el centro penitenciario La Roca, ubicado en Guayaquil, cumpliendo varias sentencias por su implicación en otros casos de corrupción, como el escándalo de Odebrecht. En cuanto al caso Reconstrucción de Manabí, la defensa de Glas ha solicitado el diferimiento por la situación de su abogada, aunque la Fiscalía se mantiene firme en su postura de avanzar con el proceso.
Además, la extradicción de Walter Solís, exministro del régimen de Correa, ha sido solicitada por Ecuador, ya que Solís se encuentra actualmente en México bajo el estatus de refugiado. Este hecho añade una capa de complejidad al caso, ya que se podría dificultar la posible comparecencia de Solís en el juicio.
Perspectivas del caso
La nueva fecha programada para la audiencia, el 11 de diciembre, podría marcar un hito en el desarrollo del caso Reconstrucción de Manabí, que ha generado una gran expectación en la opinión pública debido a la magnitud de los proyectos involucrados y la implicación de altos funcionarios del gobierno de Correa. A medida que el caso avance, la sociedad espera que se esclarezcan las posibles irregularidades en la gestión de los fondos públicos y que los responsables de los hechos de corrupción sean sancionados conforme a la ley.
