El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha firmado recientemente un decreto para actualizar los manuales operativos sobre el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esta medida, que busca responder de manera más efectiva a las amenazas de grupos terroristas con tácticas cada vez más sofisticadas, ha suscitado diversas opiniones entre analistas y defensores de derechos humanos.
El decreto establece cuatro situaciones específicas en las que se permite el uso de armas de fuego letales o de impacto cinético. Estos escenarios incluyen:
- Defensa propia o de terceros en caso de una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
- Prevención de delitos o situaciones que representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
- Detención de individuos que constituyan una amenaza inminente y que ofrezcan resistencia a las autoridades.
- Impedir la evasión de personas que representen un riesgo inminente, siempre que las medidas menos extremas resulten insuficientes.
Aunque estos escenarios ya estaban contemplados en la legislación actual, el decreto refuerza su aplicación. Según la Presidencia, la intención es mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente criminalidad.
Daniel Pontón, analista en seguridad y académico, considera que la modernización de los manuales es una medida que busca adaptar las fuerzas de seguridad a los desafíos actuales, pero que en última instancia, no aborda el núcleo del problema de seguridad. Según Pontón, la verdadera cuestión radica en la justicia y en la necesidad de una estrategia integral de seguridad que implique a diversos actores estatales, no solo una respuesta militar o policial.
Por su parte, Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), critica el decreto como un gesto preocupante de Noboa. Navarrete argumenta que en un contexto de alta inseguridad, este tipo de medidas puede fomentar el fenómeno del «gatillo fácil», donde el uso excesivo de la fuerza se convierte en una respuesta emocional en lugar de una acción medida y legal. Además, subraya que el uso de la fuerza debe centrarse en neutralizar la amenaza y no en causar la muerte del atacante, que es responsabilidad de los tribunales.
Juan Zapata, exministro del Interior, recuerda que durante su gestión ya se había autorizado el uso contundente de la fuerza, citando el lema “Ante amenazas letales, respuestas letales”. A pesar de haber enfrentado críticas similares, Zapata considera que la actualización de los manuales es un paso necesario para proporcionar a la policía y a las fuerzas armadas las herramientas jurídicas adecuadas. Según él, los escenarios descritos en el decreto son parte de un protocolo que ya existía y que ahora solo se refuerza.
La fecha límite para que los nuevos manuales operativos estén implementados es el 30 de agosto. Esta modernización busca, en teoría, proporcionar una respuesta más efectiva a la creciente ola de criminalidad en el país, aunque su eficacia y necesidad continúan siendo objeto de debate.
