La ministra del Interior, Mónica Palencia, se presentó ante la Comisión de Fiscalización en un contexto de creciente presión por su ausencia en el proceso de juicio político que enfrenta, relacionado con presuntos incumplimientos de funciones. Esta comparecencia fue particularmente relevante dado que el juicio, que había sido suspendido el 19 de agosto, se reactivó para continuar la etapa de prueba.
La sesión, dirigida por la asambleísta Pamela Aguirre, comenzó a las 08:00 y estuvo marcada por un intenso debate. Aguirre aclaró que la defensa técnica de Palencia no podría participar en esta etapa, lo que generó críticas de algunos miembros de la Comisión. Fernando Yávar, uno de los asambleístas, recordó que en el juicio político contra el exmandatario Guillermo Lasso se permitió la intervención de la defensa en fases similares. Sin embargo, la presidencia de la mesa no aceptó este argumento.
Durante la exposición, el legislador Leonardo Berrezueta, que también actúa como interpelante, presentó sus argumentos. En este contexto, la asambleísta Paola Cabezas cuestionó la falta de participación de la ministra en la Comisión, sugiriendo que si deseaba modificar la ley orgánica de la Función Legislativa, debería considerar postularse como asambleísta.
A medida que la discusión avanzaba, Mónica Palencia hizo su entrada a la sala, siendo recibida con aplausos por parte de sus asesores y varios asambleístas afines. Durante su intervención, la ministra denunció violaciones constitucionales en el proceso en su contra, específicamente al señalar que su derecho a la defensa había sido vulnerado al introducir pruebas de manera tardía y sin el debido sustento. “Las pruebas deben referirse a hechos concretos y legalmente argumentados”, subrayó.
Palencia se mostró firme en su decisión de no someterse a lo que considera un proceso lleno de irregularidades. “Estoy en sus manos”, manifestó, refiriéndose a la Comisión de Fiscalización y al calendario establecido para el juicio. Según este calendario, se prevé que el informe final sea entregado el próximo 6 de octubre.
La situación de Palencia sigue siendo objeto de un amplio debate político, reflejando la tensión existente entre la administración actual y la oposición. Con este proceso en marcha, las implicaciones para la ministra del Interior y su futuro en el cargo se mantienen como un tema candente en la agenda nacional.
