La excomunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, está a punto de cumplir la pena de 15 meses de prisión que le fue impuesta el pasado 24 de julio, en el marco del caso Metástasis. El 14 de marzo será la fecha en la que cumplirá con la condena, y para ese momento, ha informado al juez de Ejecución, Manuel Cabrera, que sus familiares y amigos están trabajando para recaudar los fondos necesarios para cumplir con la multa y la reparación económica determinada por el tribunal.
Salazar fue sentenciada a un año y tres meses de prisión luego de acogerse al procedimiento abreviado, beneficiándose de la cooperación eficaz que brindó a la Fiscalía. En su sentencia, el tribunal la declaró autora directa de un delito de delincuencia organizada, aunque el tiempo de su condena se redujo al aceptar la figura penal de colaboradora eficaz. La sentencia fue ejecutoriada el 6 de agosto de 2024.
Aparte de la pena de cárcel, la excomunicadora fue condenada a pagar una multa de $5.520, así como una indemnización de $11.040 al Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de víctima del caso Metástasis, y una devolución de $6.300 al Estado. La defensa de Salazar, ahora encabezada por el abogado Guillermo Astudillo, se encargará de gestionar el pago de estas reparaciones. En un escrito ingresado este viernes 7 de marzo al expediente judicial, Salazar señaló que la multa de $5.520 será depositada en la cuenta del Consejo de la Judicatura, mientras que los $11.040 de indemnización al Estado serán transferidos al Ministerio de Finanzas. Además, los $6.300 correspondientes a la devolución serán depositados antes de su liberación.
El 17 de febrero, la defensa anterior de Salazar, encabezada por Christian Marín, presentó un escrito en el que confirmaba que la condenada estaba por cumplir su pena y quedar en libertad. También reconoció que la sentencia había quedado ejecutoriada, y solicitó la devolución de algunos bienes personales incautados durante el proceso, como documentos, que no fueron ordenados para ser confiscados.
Mayra Salazar fue arrestada el 14 de diciembre de 2023 en un operativo simultáneo en varias provincias del país. En un inicio, estuvo recluida en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito, pero ahora se encuentra en el Centro de Privación de la Libertad de Ambato, en Tungurahua. La fecha definitiva para el cumplimiento total de su pena fue fijada para el 14 de marzo, según una resolución emitida por el juez de Garantías Penitenciarias de Ambato, Christian Rodríguez.
En el contexto del caso Metástasis, el procedimiento abreviado permitió que 12 involucrados, incluido Salazar, reconocieran su participación en la organización criminal liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Estos juicios, realizados entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2024, resultaron en penas de hasta 40 meses de prisión para la mayoría de los sentenciados. Sin embargo, a Salazar, al igual que a otros colaboradores eficaces, se le redujo la condena a 15 meses.
El 10 de enero, se realizaron disculpas públicas por parte de diez de los 12 sentenciados en el caso Metástasis, incluidos varios colaboradores que también aceptaron su responsabilidad en el delito. Aunque el empresario Daniel Salcedo, condenado a 40 meses de prisión, no asistió a la diligencia, otros sentenciados completaron este proceso.
Además de Salazar, otros 11 involucrados en Metástasis recibieron condenas de entre tres y nueve años de prisión. El caso involucra a figuras clave de la justicia ecuatoriana, como el exjuez Wilman Terán, y altos funcionarios del Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI), quienes fueron sentenciados por sus vínculos con la organización criminal que buscaba obtener beneficios ilícitos a cambio de favores y fallos favorables.
Este proceso judicial es clave en la lucha contra la delincuencia organizada en Ecuador, y Salazar, junto a los demás sentenciados, forma parte de un grupo de cooperadores que han colaborado con la justicia para obtener penas más reducidas. La conclusión del caso Metástasis y el cumplimiento de las reparaciones económicas son pasos importantes para la reconstrucción de la confianza en el sistema judicial del país.
