La Contraloría General del Estado ha recibido la actualización de las declaraciones patrimoniales de más de 632,000 funcionarios públicos, según el anuncio realizado el miércoles 28 de agosto de 2024. Este proceso de actualización se llevó a cabo entre el 15 de julio y el 15 de agosto de este año, siguiendo una disposición del contralor general, Mauricio Torres.
La actualización tiene como objetivo verificar la exactitud de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y detectar posibles irregularidades. Según el artículo 231 de la Constitución, los servidores deben presentar su declaración patrimonial jurada al comenzar y al concluir su gestión, así como en la periodicidad que se determine por normativa específica.
Esta acción se basa en la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales, que permite a la Contraloría solicitar actualizaciones o nuevas presentaciones en cualquier momento. La Contraloría ha exigido que todas las máximas autoridades de las instituciones y organismos estatales verifiquen el cumplimiento de esta obligación y remitan un reporte antes del 30 de agosto de 2024.
Los funcionarios que no cumplan con la actualización de sus declaraciones pueden enfrentarse a medidas disciplinarias, que incluyen la posibilidad de separación del cargo. A partir del 30 de agosto, el sistema para la recepción de estas declaraciones será cerrado, y las unidades de Talento Humano tendrán diez días para informar sobre cualquier problema detectado.
El contralor Torres ha señalado que se implementará un nuevo sistema que validará los datos actuales con los previos. Este sistema está diseñado para detectar automáticamente incrementos injustificados en el patrimonio, lo que podría llevar a la apertura de exámenes especiales por parte de la Contraloría. En el sistema anterior, se encontraron errores significativos, como el reporte de una propiedad valorada en 570 millones de dólares, lo que Torres calificó de «imposible» y un claro indicio de errores.
Hasta diciembre, la Contraloría ha identificado entre 300 y 400 declaraciones con problemas. Entre las declaraciones analizadas ya se encuentran las de 160 jueces y fiscales, cuyo examen forma parte de los esfuerzos para asegurar la integridad y precisión en la información patrimonial de los servidores públicos.
