El senador estadounidense Marco Rubio arremetió contra el sistema judicial colombiano tras la reciente condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta oficial en la red social X, Rubio afirmó que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, en clara crítica al fallo emitido por la justicia colombiana.
El legislador republicano calificó como “jueces radicales” a quienes integraron el tribunal que encontró culpable a Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que se remonta a 2012. Las declaraciones de Rubio provocaron reacciones inmediatas tanto en Colombia como en la esfera internacional, ya que fueron percibidas como una intromisión directa en los asuntos internos del país sudamericano.
Álvaro Uribe, de 73 años, fue condenado por intentar manipular testimonios para desacreditar evidencias que lo vinculaban con grupos paramilitares. La jueza Sandra Liliana Heredia, a cargo del caso, dictó sentencia luego de valorar una serie de pruebas documentales y testimoniales que confirmaban la intervención indebida del exmandatario en el proceso judicial. Esta condena lo convierte en el primer expresidente colombiano en ser hallado penalmente responsable por la justicia.
La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro condenó las declaraciones de Rubio y afirmó que constituyen una “intromisión en la soberanía judicial de Colombia”. Petro recordó que el sistema de justicia en el país actúa de forma independiente y sin interferencia del poder Ejecutivo. En sus palabras, “los jueces han dado su vida por hacer valer la justicia en Colombia y merecen respeto internacional”.
En contraste, sectores de la oposición colombiana salieron en defensa de Uribe, y consideraron que el fallo es parte de una persecución política impulsada por enemigos ideológicos. Algunos líderes de la derecha local y figuras republicanas en Estados Unidos han señalado el caso como un ejemplo de “lawfare” o utilización de los tribunales para castigar rivales políticos.
Más allá del impacto local, el pronunciamiento de Rubio reaviva el debate sobre la relación entre justicia y política en América Latina, así como los límites de la influencia extranjera en procesos judiciales soberanos. En momentos en que Colombia y Estados Unidos enfrentan tensiones en temas clave como seguridad, migración y cooperación bilateral, este tipo de declaraciones podrían tensar aún más el vínculo diplomático entre ambos países.
