El juez electoral Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), resolvió sancionar al exmandatario y actual legislador Lucio Gutiérrez por ejercer violencia política de género en contra de la excandidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Elsa Guerra. La decisión fue emitida el 21 de abril de 2025 y se deriva de una denuncia presentada por Guerra tras un intercambio durante un debate electoral.
La resolución impone una multa económica de $11.750 a Gutiérrez, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas y de asistir a un curso de sensibilización en violencia política de género. Estas medidas forman parte de lo establecido en el Código de la Democracia para garantizar la protección de los derechos políticos de las mujeres y prevenir actos discriminatorios en contextos electorales.
El incidente que dio origen a la denuncia ocurrió el 26 de enero de 2025, durante un debate entre candidatos a asambleístas nacionales organizado por la Universidad Ecotec en Guayaquil. En ese espacio, Lucio Gutiérrez habría dirigido comentarios considerados despectivos hacia Elsa Guerra, lo que motivó la acción legal por parte de la excandidata.
El juez Muñoz consideró que las declaraciones del legislador constituyeron una forma de violencia simbólica y verbal que busca minimizar la participación política de las mujeres, una práctica sancionada por la normativa electoral vigente en Ecuador. En su fallo, se enfatiza la necesidad de promover el respeto y la equidad de género en el debate público, especialmente en procesos electorales.
Por su parte, Gutiérrez ha manifestado su desacuerdo con la decisión y ha adelantado que presentará una apelación. Asegura que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que, en realidad, fue él quien fue agredido verbalmente durante el debate. “No insulté, respondí con argumentos. Me están sancionando por defenderme”, señaló en declaraciones recientes.
Esta resolución se suma a un creciente número de casos en los que se aplica el enfoque de género en el análisis de conflictos políticos, reforzando el papel del TCE en la prevención de la violencia política contra las mujeres y en la consolidación de una democracia más inclusiva.
