El 18 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador designó a las legisladoras Lucía Posso (Avanza-SUMA) y Arisdely Parrales (Revolución Ciudadana) como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la comisión ocasional encargada de tratar la reforma constitucional relacionada con el financiamiento de los partidos políticos. La elección se realizó con el apoyo de cuatro de los cinco miembros de la comisión, y ambas representantes aceptaron con determinación el desafío de liderar el proceso.
Lucía Posso, quien anteriormente fue vicepresidenta de la Comisión Multipartidista que gestionó la consulta popular, expresó en sus redes sociales, a través de la plataforma X, su compromiso con el nuevo cargo. En su mensaje, destacó la importancia de que entidades clave, como el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras instituciones vinculadas al ámbito electoral, participen en el análisis y tratamiento de la reforma constitucional.
El proyecto de reforma, impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, tiene como objetivo modificar la manera en que los partidos políticos reciben financiamiento y utilizan recursos públicos para sus campañas electorales. Entre los principales cambios propuestos se incluyen la eliminación de la asignación de recursos económicos a los partidos y movimientos políticos, así como restricciones sobre el uso de bienes y la infraestructura del Estado para actividades proselitistas.
La reforma plantea modificaciones específicas en los artículos 110 y 115 de la Constitución, que actualmente regulan el fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral. Estos cambios buscan garantizar una mayor transparencia y equidad en los procesos electorales, limitando el uso de fondos públicos en las campañas políticas.
La comisión, que también está integrada por las legisladoras Nathaly Farinango (ADN), Carlos Alberto Rodríguez (Unidad Popular-Socialismo-Democracia Sí) y María de Lourdes Alarcón (PSC), tiene un plazo de 60 días para presentar el informe correspondiente al primer debate del proyecto de reforma. Este proyecto ya cuenta con la aprobación preliminar de la Corte Constitucional, lo que le permite avanzar en el proceso legislativo.
El tratamiento de esta reforma es clave, dado el contexto político y económico de Ecuador, y se espera que la comisión trabaje en conjunto con diversas instituciones del Estado para garantizar que la reforma cumpla con sus objetivos de transparencia y equidad en el financiamiento de los partidos políticos, un tema que ha sido objeto de debate en varias administraciones anteriores.
