La denuncia presentada por la asambleísta Lucía Jaramillo Zurita contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, por presunta violencia política está en manos del juez Fernando Muñoz Benítez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Muñoz, quien recientemente enfrentó conflictos internos tras su destitución de la presidencia del TCE, tiene el encargo de evaluar esta denuncia.
Jaramillo, miembro de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), interpuso la queja el 19 de agosto, solicitando sanciones contra Álvarez por comentarios que este hizo en su cuenta de X el 16 de julio. En su publicación, Álvarez criticó a Jaramillo y su hermana, acusándolas de ineficiencia y de usar su influencia para desviar la atención de la fiscalización de altos funcionarios y empresas. La crítica se intensificó al mencionar el supuesto lujo en el vestuario y bienes de funcionarios, además de cuestionar el manejo de impuestos y contrabando.
En respuesta a estas acusaciones, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) también ha denunciado a Álvarez, a sus hermanos y a su empresa de gasolineras Copedesa por presunto comercio irregular de combustibles. Esta denuncia añade complejidad a la situación del alcalde.
El juez Fernando Muñoz Benítez ha otorgado a Jaramillo un plazo de dos días para aclarar y completar su denuncia. Se le ha solicitado especificar los detalles del acto de violencia política, incluyendo la resolución o acción denunciada, la identidad de los responsables, los agravios y las leyes que se consideran vulneradas. Además, se requiere que indique el lugar de notificación a Álvarez.
Una vez que Jaramillo complete su escrito y el juez lo revise, se decidirá si el recurso es admitido a trámite. En caso contrario, la denuncia podría ser archivada. Según el Código de la Democracia, la violencia política de género es una infracción electoral severa que puede conllevar sanciones significativas, que incluyen multas de 21 a 70 salarios básicos, destitución o suspensión de derechos de participación por un período de dos a cuatro años.
