Este lunes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su condena hacia el caso de una niña ecuatoriana de 13 años que quedó embarazada después de ser víctima de violencia sexual por parte de su padre. El comité afirmó que obligar a una niña a continuar con un embarazo no deseado tras ser abusada constituye un acto de tortura.
El caso fue presentado por la defensa de la menor, identificada con el seudónimo Norma para proteger su identidad. El padre de la niña había perpetrado abusos previos dentro de la familia, lo que fue denunciado, pero no fue adecuadamente investigado.
En Ecuador, aunque existe la ley que permite el aborto terapéutico, la implementación efectiva de la ley es extremadamente limitada, lo que dejó a la niña en la situación de llevar a término su embarazo. Como consecuencia, se vio obligada a criar a su hijo en condiciones de pobreza y sin acceso a educación.
El comité de la ONU también observó que el agresor no fue procesado adecuadamente, lo que refleja una falta de respuesta por parte del Estado ecuatoriano en garantizar la protección de las niñas frente a violencia sexual. Según el comité, este caso y otros similares en Nicaragua violan el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y el trato cruel o degradante.
La experta Hélène Tigroudja, miembro del comité, subrayó que las niñas afectadas sufrieron un dolor significativo debido al abuso sexual, el embarazo no deseado y el estigma social que enfrentaron. Además, asumieron la responsabilidad de criar a un hijo nacido de una violación, lo que les generó una carga emocional y económica importante.
El comité instó a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua a adoptar medidas eficaces para combatir la violencia sexual, garantizar la educación sexual adecuada para prevenir y detectar abusos, y asegurar que las víctimas de violencia sexual tengan acceso a servicios de aborto. También enfatizó la necesidad de reformas en los sistemas legales y de protección infantil para asegurar que todas las niñas reciban el apoyo y la atención que necesitan.
Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchas niñas en Ecuador, donde el acceso a la justicia y la protección efectiva sigue siendo un desafío.
