En las redes sociales, Nayib Bukele se presenta como el “CEO de El Salvador”, el “dictador más cool del mundo” o “Philosopher King”. Sin embargo, entre sus autodenominaciones, podría añadirse “el carcelero de El Salvador”, una descripción que es tanto irónica como exacta.
El presidente Bukele ha buscado controlar el país a través de estrategias innovadoras, utilizando plataformas digitales para su beneficio. Sin embargo, su régimen no renuncia a métodos más tradicionales de control, incluyendo el populismo, la persecución política y, sobre todo, el encarcelamiento masivo.
En su gobierno, la prisión se ha convertido en un instrumento para intimidar a sus adversarios. Lo novedoso de la administración de Bukele es su habilidad para convertir este proceso en un beneficio personal, logrando aumentar su popularidad al mismo tiempo que desmantela la oposición política.
La prisión como herramienta de poder
Al finalizar su tercer año en el cargo en 2022, Bukele contaba con pocos logros más allá de la propaganda. El Salvador seguía enfrentando altos niveles de desempleo, una creciente pobreza y una migración irregular constante, todo esto en un contexto de violencia en disminución, aunque aún amenazante debido a las pandillas.
A pesar de la narrativa oficial que sostiene que su gobierno ha transformado al país de ser uno de los más violentos a uno de los más seguros, los datos indican que asumió el poder en un momento donde la tasa de homicidios ya estaba en descenso. En 2015, la tasa era de 106 muertes por cada 100 mil habitantes, y cuando Bukele llegó a la presidencia, esta había caído a cerca de 20.
La tregua con las pandillas
La disminución de homicidios durante los primeros años de su administración se debe, en parte, a una tregua con las pandillas, reconocida por la prensa y el Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, esta tregua se rompió a principios de 2022, lo que Bukele vio como una oportunidad para redefinir a las pandillas como sus nuevos enemigos.
Con un poder legislativo completamente alineado con el Ejecutivo, Bukele decretó un estado de excepción el 27 de marzo de 2022, prometiendo desarticular las pandillas. La población, cansada de la violencia, recibió esta medida con alivio, aunque implicaba renunciar a algunas garantías constitucionales.
Desde abril de 2022, comenzó un proceso de encarcelamiento masivo. Según informes oficiales, El Salvador ha encarcelado a 80,000 personas en dos años, un número que supera en 70,000 a lo que se había previsto. Estas 70,000 personas son, en efecto, los «presos de Bukele».
Efectividad del encarcelamiento masivo
La pregunta es: ¿cuál es el propósito de este encarcelamiento masivo? Creer que se trata de una estrategia altruista del presidente sería una simplificación peligrosa. Incluso sus críticos reconocen que esta política ha tenido éxito en la reducción de homicidios en el país. Existe una correlación inversa entre el aumento del encarcelamiento y la disminución de muertes violentas, así como de otros crímenes.
A pesar de que esta decisión parece improvisada y basada en motivos erróneos, es el único logro tangible que se puede atribuir al gobierno de Bukele. Esto representa un alarmante ejemplo de cómo los ciudadanos pueden sacrificar sus libertades democráticas en busca de mayor seguridad. La lección aquí es que, a corto plazo, el uso de la represión para atender la necesidad de seguridad puede traducirse en un incremento de la popularidad de los gobernantes.
