En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un desafío creciente con el uso de playas, carreteras, pistas abandonadas y terrenos nivelados por bandas delictivas para las operaciones de narcoavionetas. Estas aeronaves, que suelen aterrizar y despegar en menos de 20 minutos, son utilizadas para descargar armas y dinero para los grupos de delincuencia organizada (GDO), mientras embarcan drogas con destino a Norteamérica.
Desde julio de 2023, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ha reportado una notable ausencia de narcoavionetas en el espacio aéreo del país, un hecho que se ha producido en paralelo a un aumento en la detección e inhabilitación de las pistas utilizadas por estas bandas. Desde 2022, las autoridades han identificado 84 áreas de aterrizaje ilícitas y han desactivado 56 de ellas.
Algunas de estas pistas no autorizadas originalmente eran aeródromos regulados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que durante el día operan con permisos, pero que se han convertido en puntos de aterrizaje clandestino por la noche. Además, se han identificado carreteras de dimensiones considerables, como una carretera de 1.000 metros de largo por 12 metros de ancho cerca de Yaguachi, utilizada varias veces para aterrizajes ilegales. Juan, un miembro de Inteligencia de la FAE, también mencionó que las bandas utilizan pistas privadas no controladas, ubicadas en camaroneras, plantaciones de banano y escuelas de aviación.
Las noches de luna llena, como la del 19 de agosto, intensifican los controles debido a que los pilotos de las narcoavionetas operan en condiciones de visibilidad reducida, utilizando visores nocturnos y evitando vuelos en noches menos iluminadas. El aumento en el uso de aeronaves de reconocimiento ha permitido a las autoridades enfocar sus esfuerzos en la Costa ecuatoriana, donde se han detectado más pistas.
En 2024, se han llevado a cabo 30 operaciones de inhabilitación, de las cuales seis correspondieron a pistas que habían sido previamente autorizadas por la DGAC pero cuyo permiso había expirado. Estas pistas han sido bloqueadas con obstáculos pesados hasta que los propietarios regularicen sus permisos. Otras 24 áreas no autorizadas han sido destruidas mediante explosivos y maquinaria pesada. Según un experto, “se hacen zanjas para destruir los tres tercios de la pista y se colocan también explosivos”.
El estado de excepción vigente ha permitido una respuesta más rápida en la inhabilitación de las pistas, ya que, en condiciones normales, el proceso de determinar la propiedad del terreno y obtener una orden judicial podría tomar semanas o incluso meses. En 2022, se intervinieron 18 pistas en Guayas, Manabí y Santa Elena. En 2023, se desactivaron ocho pistas en Guayas, y en 2024 se han intervenido 24 áreas en varias provincias, incluyendo Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Morona Santiago, Cotopaxi y El Oro.
Además, debido a los controles más estrictos, las bandas han comenzado a preferir el transporte marítimo de drogas. En Esmeraldas, se han descubierto astilleros dedicados a la construcción de semisumergibles, con seis embarcaciones de este tipo capturadas solo en este año, lo que subraya la adaptación de las bandas a las medidas de control implementadas.
