La Asamblea Nacional de Ecuador ha decidido no acatar la reciente sentencia dictada por un juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, en Quito, que revocó el archivo de tres juicios políticos previos. Esta decisión, comunicada el jueves 22 de agosto por el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, ha generado un notable conflicto con el sistema judicial.
El juez Edgar Romero había ordenado reabrir los juicios políticos contra tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y Andrea Montalvo, exsecretaria nacional de Ciencia y Tecnología. En respuesta, Muñoz calificó la sentencia como «espuria» y de un «juez incompetente», subrayando que la Asamblea no seguirá esta disposición, basando su decisión en un fallo previo de la Corte Constitucional que limita las acciones jurisdiccionales en estos procesos.
En la audiencia del mismo día, el representante de la Asamblea apeló la sentencia para que sea revisada por un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha. Además, anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura que se inicie un proceso contra el juez por presunto error inexcusable y una denuncia penal por prevaricato. Muñoz insistió en que la Asamblea no hará ninguna modificación administrativa en respuesta a esta sentencia.
El conflicto también ha captado la atención del Gobierno nacional. Arturo Félix Wong, Ministro de Gobierno, publicó un video defendiendo la administración del presidente Daniel Noboa Azín y destacando el coraje de la asambleísta Inés Alarcón. Wong criticó a los políticos que buscan hacer fracasar al actual Gobierno y afirmó que el Ejecutivo no se dejará intimidar.
Por otro lado, Inés Alarcón emitió un comunicado destacando que la justicia ecuatoriana determinó que la Comisión de Fiscalización no cumplió con el debido proceso y que la resolución judicial debe ser acatada sin cuestionamientos. Este episodio ha intensificado el enfrentamiento entre el Legislativo y el sistema judicial en Ecuador, reflejando la complejidad del panorama político y legal del país.
