En Ecuador, la Asamblea Nacional está en medio de una discusión crucial sobre cómo tratar a los adolescentes que cometen delitos graves, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado. La controversia gira en torno a si los adolescentes infractores deben ser juzgados como adultos o si se debe aplicar un enfoque de justicia restaurativa. Esta polémica forma parte del debate sobre el Código Orgánico Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), que tras tres años de trámites legislativos, está cerca de ser aprobado.
Dos perspectivas sobre la responsabilidad penal de los adolescentes
El tema de la responsabilidad penal de los adolescentes, contemplado en el IV libro del proyecto de ley, ha generado fuertes diferencias entre los asambleístas. En el informe de mayoría, respaldado por los bloques RC, PSC, Unidad Popular y PSP, se propone un enfoque restaurativo. Esto significa que las infracciones cometidas por adolescentes se verían como conflictos sociales que causan daño a las personas y a las relaciones interpersonales. El objetivo sería la reintegración del infractor a la sociedad a través de medidas educativas y de reparación.
Por otro lado, el informe de minoría, presentado por los asambleístas Jorge Peñafiel y Ana Galarza de la bancada Construye, aboga por un régimen especializado en el que los adolescentes que cometen delitos graves, como los homicidios, sean tratados de manera similar a los adultos. Este informe plantea que los adolescentes que cometan delitos contra la vida, como sicariato y asesinato, enfrenten penas equiparables a las de los adultos, además de considerar agravantes como la reincidencia y la vinculación con grupos del crimen organizado. Además, estos jóvenes serían trasladados a centros de rehabilitación para adultos una vez que cumplan 18 años.
Edad de inimputabilidad y propuestas divergentes
Otro aspecto clave en la discusión es la edad a partir de la cual un adolescente puede ser considerado responsable penalmente. Según el informe de mayoría, los menores de 14 años serían inimputables, es decir, no serían responsables penalmente y no estarían sujetos a medidas cautelares ni de privación de libertad. En caso de ser encontrados en flagrancia, estos adolescentes serían entregados a sus padres o tutores.
Sin embargo, el informe de minoría propone reducir la edad de inimputabilidad a los 12 años, de modo que los adolescentes a partir de esa edad serían responsables penalmente por los delitos que cometan. Esta propuesta ha generado gran controversia, especialmente en cuanto a la aplicabilidad de penas severas para aquellos involucrados en crímenes graves, como el secuestro, la extorsión y la violación sexual.
La visión de los asambleístas sobre el enfoque punitivo y restaurativo
La presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Pierina Correa (RC), defiende el enfoque restaurativo, argumentando que la justicia para los menores debe ser diferente a la aplicada a los adultos, ya que su madurez emocional sigue desarrollándose hasta los 29 o 30 años. Correa destaca que Ecuador sigue siendo uno de los países con menos adolescentes institucionalizados por delitos, lo cual refuerza su postura de que la justicia restaurativa es la mejor opción para promover la rehabilitación de los infractores juveniles.
Por otro lado, los asambleístas de la bancada Construye señalan que el sistema actual fomenta la impunidad, ya que los adolescentes condenados no cumplen sus sentencias completas, y algunos incluso siguen delinquiendo una vez alcanzada la mayoría de edad. Peñafiel, uno de los firmantes del informe de minoría, denuncia que muchos jóvenes involucrados en delitos graves terminan en centros de acogida para menores de edad, donde en realidad ya deberían ser tratados como adultos. La situación de los adolescentes que cometen crímenes graves está siendo vista como un desafío de seguridad, especialmente cuando estos jóvenes son utilizados por el crimen organizado.
El contexto de inseguridad y criminalidad en Ecuador
La discusión se lleva a cabo en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada están reclutando a adolescentes para cometer delitos, aprovechando su edad y las sanciones más leves a las que están sujetos. En este sentido, Vicente Taiano, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, considera que el sistema judicial ecuatoriano debe adaptarse a la gravedad de los delitos que cometen los adolescentes, especialmente aquellos vinculados al sicariato y la extorsión.
Para Taiano, la falta de sanciones duras y la larga espera en la imposición de penas son factores que contribuyen a que los adolescentes sigan siendo utilizados por los delincuentes. El legislador sostiene que es necesario revisar la edad de inimputabilidad y establecer penas diferenciadas para aquellos que cometen delitos extremadamente graves, como homicidios y secuestros.
El futuro del proyecto Copinna y su impacto
Este debate sobre cómo tratar a los adolescentes infractores continuará siendo un tema clave para la Asamblea Nacional, ya que se discuten propuestas que podrían transformar significativamente el sistema de justicia juvenil en Ecuador. El proyecto de ley, que ha pasado por diversas etapas legislativas, está cerca de llegar a su aprobación, pero aún persisten las diferencias de opinión sobre cómo equilibrar la rehabilitación y la responsabilidad penal.
Los próximos días serán decisivos para determinar si se opta por un enfoque restaurativo, centrado en la reintegración y rehabilitación, o si se toman medidas más punitivas, que buscan castigar con mayor severidad a los adolescentes que cometen crímenes graves. En todo caso, la seguridad y el bienestar de la sociedad ecuatoriana están en juego.
