El 29 de enero de 2025, el juez Marco Tamayo Mosquera, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, resolvió negar la acción de protección presentada por los asambleístas Diego Matovelle y Jorge Chamba, ambos miembros de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). La acción de protección se interpuso el 11 de enero de 2025, en la que se argumentaba que la resolución tomada por el pleno de la Asamblea Nacional el 4 de enero de ese año vulneraba los derechos constitucionales de los legisladores, al obligarlos a tomar una licencia sin sueldo durante su participación en la campaña electoral para su reelección.
A través de esta acción judicial, Matovelle y Chamba afirmaron que no habían solicitado dicha licencia, y por lo tanto consideraron que la medida resultaba injustificada. En el escrito, también se impugnaron varias decisiones tomadas durante esa sesión del 4 de enero. Entre ellas, la elección de una presidenta encargada para la Asamblea Nacional, lo cual fue considerado como una violación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, los legisladores cuestionaron la suspensión de las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano clave en la administración interna de la Asamblea.
A pesar de estos argumentos, el juez Tamayo ratificó la legalidad de la resolución que impuso la licencia sin sueldo a los 99 asambleístas principales, quienes se encuentran en plena campaña electoral. Esta medida afecta a todos aquellos legisladores que buscan su reelección, lo que ha generado controversia dentro del ámbito político y jurídico del país.
La decisión judicial deja en claro que, por el momento, se mantiene la medida que obliga a los asambleístas a ausentarse de sus funciones sin remuneración, un punto que sigue siendo objeto de debate en el contexto electoral. Además, la sentencia subraya la legitimidad de las decisiones del pleno de la Asamblea Nacional, a pesar de las impugnaciones realizadas por algunos de los legisladores afectados.
Este caso también pone de manifiesto las tensiones existentes en la Asamblea Nacional, donde el panorama político se ha visto marcado por la competencia electoral y la interpretación de las leyes que regulan el funcionamiento del poder legislativo. La ratificación de la licencia sin sueldo podría tener implicaciones importantes para los asambleístas en campaña, que deberán afrontar los desafíos legales y políticos derivados de esta medida.
