El juez Vicente Fernando Hidalgo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, ordenó este miércoles 5 de noviembre de 2025 el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes a tres colectivos de la Amazonía ecuatoriana: Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y PAKKIRU, organización de la nacionalidad kichwa de Pastaza.
Las cuentas de estas agrupaciones habían sido congeladas desde el 6 de octubre, en el marco del paro nacional contra el Gobierno de Daniel Noboa. La decisión judicial llega tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por los representantes legales de las organizaciones ambientalistas e indígenas.
Durante la audiencia, los abogados de los tres colectivos argumentaron que los fondos bloqueados provienen de la cooperación internacional y se destinan a proyectos de defensa de los derechos humanos, la naturaleza, los pueblos indígenas y la asistencia social.
El abogado Pablo Fajardo, representante de la UDAPT, destacó que lograron demostrar que las cuentas son completamente transparentes y cumplen con todas las obligaciones tributarias.
“Demostramos que todas nuestras cuentas son públicas, no son secretas, que cumplimos con la parte tributaria ante el SRI. No hay nada oculto ni ilícito”, afirmó Fajardo.
El jurista también cuestionó la falta de transparencia del proceso. Según explicó, ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ni la Superintendencia de Bancos, ni la propia unidad judicial notificaron previamente sobre la medida de congelamiento.
“Nos enteramos cuando ya las cuentas estaban bloqueadas. Nadie nos notificó”, recalcó.
En la diligencia, la UAFE sostuvo que el congelamiento de cuentas se basó en un informe de inteligencia “secreto”, cuyo contenido no puede ser revelado. Sin embargo, el juez Hidalgo consideró que la medida carecía de fundamento suficiente y vulneraba los derechos constitucionales de las organizaciones.
En su resolución, el magistrado dispuso la revocatoria inmediata del bloqueo y ordenó a la Superintendencia de Bancos que, en un plazo de tres días, notifique a la unidad judicial sobre el cumplimiento de esta disposición.
Por otro lado, el caso también ha tomado relevancia internacional. Sonia Vera, abogada de la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció ante organismos internacionales una presunta “persecución política y étnica” contra líderes sociales y colectivos indígenas.
Vercoutère, en un video difundido en redes sociales, recordó que el 31 de octubre la justicia ya había ordenado el desbloqueo de cuentas, pero esa disposición no se ha ejecutado completamente.
En relación con el congelamiento de más de 50 organizaciones y dirigentes sociales durante las protestas, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, aclaró que se trata de una “medida cautelar” derivada de reportes de operaciones inusuales, y subrayó que no depende directamente de la Presidencia de la República, sino del ámbito judicial.
Esta decisión judicial representa un precedente clave en el debate sobre la autonomía de las organizaciones sociales y la transparencia en el manejo de sus fondos, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los movimientos indígenas y ambientales del país.
