El Consejo de la Judicatura resolvió que las dependencias especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado dejen de conocer y sustanciar garantías jurisdiccionales, en una medida que ya se encuentra vigente tras su publicación en el Registro Oficial.
La decisión fue adoptada el pasado 12 de marzo por el pleno del organismo, liderado por su presidente encargado, Damián Larco, junto a los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Fabián Fabara, tras analizar informes técnicos y jurídicos internos.
Según los documentos revisados, el conocimiento de causas constitucionales generaba un incremento significativo en la carga laboral y en la exigencia técnica de los jueces especializados, lo que motivó la necesidad de redefinir sus competencias dentro del sistema judicial.
Con esta resolución, se precisa que estas dependencias se concentrarán exclusivamente en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, dejando de lado acciones como protección, habeas corpus o acceso a la información, que forman parte de las garantías jurisdiccionales.
No obstante, se aclaró que los procesos constitucionales que ya estaban en conocimiento de estos jueces continuarán su trámite bajo las mismas reglas con las que fueron iniciados, garantizando así la seguridad jurídica de las partes involucradas.
La reforma también elimina disposiciones anteriores que otorgaban a estos juzgados la facultad de conocer garantías constitucionales, modificando así el alcance de la Resolución 190-2021 vigente hasta antes de este cambio.
Finalmente, la Judicatura dispuso que en un plazo máximo de 15 días se realicen los ajustes necesarios en el sistema judicial para aplicar la medida, que busca optimizar el funcionamiento de las unidades especializadas y mejorar la eficiencia en el tratamiento de delitos complejos a nivel nacional.
