El Ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, se refirió este lunes, 3 de febrero de 2025, a la reciente resolución de la Corte Constitucional sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. Estos decretos, firmados por el presidente Daniel Noboa, autorizaban la delegación de la Presidencia a Cynthia Gellibert, actual secretaria de la Administración Pública. Según De la Gasca, el fallo de la Corte no implica que el presidente no pueda delegar funciones, sino que cuestiona la necesidad de emitir decretos para llevar a cabo esta acción.
El ministro destacó que, aunque la Corte Constitucional consideró inconstitucional el uso de los decretos para encargar la Presidencia, la designación de Gellibert como vicepresidenta encargada sigue siendo válida y no se verá afectada por la decisión. «Lo que la Corte ha dicho es que no puede encargar la Presidencia vía decreto», explicó De la Gasca, haciendo énfasis en que la resolución no impide al presidente continuar con su agenda de campaña electoral.
La Corte Constitucional emitió este fallo tras recibir la apelación sobre la legalidad de los decretos 500 y 505, que permitían que el presidente Noboa delegara el cargo de manera temporal para concentrarse en sus actividades de campaña electoral. Sin embargo, el fallo no fue visto como un revés para el mandatario, ya que la Corte no bloqueó su derecho a hacer campaña, sino que limitó los mecanismos por los cuales puede realizar dicha delegación.
En este contexto, De la Gasca aseguró que el Gobierno buscará otros mecanismos legales para permitir que el presidente pueda cumplir con sus compromisos electorales sin contravenir la Constitución. Aseguró que la decisión de la Corte no cambia el hecho de que el presidente aún tiene margen para hacer campaña, pero será necesario ajustar el procedimiento para hacerlo de manera legal.
El Ministro también subrayó que la decisión de la Corte Constitucional no genera una crisis dentro del Gobierno ni cambia las funciones de la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert, quien continuará con sus responsabilidades mientras el presidente se dedica a la campaña electoral. De la Gasca enfatizó que el proceso de transición de poder en este sentido no será alterado, y Gellibert seguirá ejerciendo sus funciones con normalidad.
El Gobierno ahora debe explorar otras formas para garantizar que la Presidencia sea delegada de manera correcta y conforme a las directrices de la Corte Constitucional, sin recurrir a los decretos cuestionados. Esta situación podría dar lugar a nuevas normativas o ajustes dentro de la estructura política del país en el contexto de las elecciones que se celebrarán en febrero.
El desafío de encontrar una solución legal a esta cuestión es clave para mantener la estabilidad política y garantizar que el presidente pueda hacer campaña electoral sin contravenir las decisiones judiciales. A medida que la fecha de las elecciones se acerca, el Ejecutivo sigue comprometido con asegurar que el proceso electoral transcurra sin problemas, respetando la Constitución y las decisiones de la Corte Constitucional.
