Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador, vuelve a la carga con una apelación respecto a su solicitud de habeas corpus, la cual fue rechazada previamente. Glas busca dejar la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil y cumplir su condena en arresto domiciliario. La audiencia de apelación está programada para este martes, 20 de agosto, a las 15:30 en la Corte de Justicia del Guayas. El tribunal encargado de revisar el caso está compuesto por los jueces Jorge Alejandro Lindao, Nancy Ivett Vera y Carlos Miguel Pinto.
El habeas corpus original, presentado por la abogada Karen Gómez, argumenta que las condiciones en La Roca son inadecuadas y que el deterioro en la salud de Glas, quien enfrenta enfermedades graves, ha sido significativo. Gómez sostiene que las condiciones de la prisión, como ventilación deficiente, filtraciones de agua, problemas de iluminación y presencia de plagas, contribuyen a la degradación de la salud de Glas, quien sufre de espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, rinitis alérgica, osteoporosis degenerativa y gastritis crónica.
La defensa también ha destacado que Glas está sometido a un trato “inhumano” con atención médica inadecuada y restricciones severas. En contraste, las autoridades penitenciarias, como el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Centro de Privación de la Libertad La Roca, han desmentido estas afirmaciones. Argumentan que Glas cuenta con iluminación natural y artificial en su celda, buena ventilación, colchón y almohada ortopédicos, y que no hay evidencias de humedad o fisuras.
Además, las autoridades penitenciarias aseguran que Glas tiene acceso a medicación y libros, como “Influencia: La Psicología de la Persuasión” de Robert B. Cialdini. A pesar de estas garantías, el juez Patricio Vidal Campaña, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias de Guayaquil, decidió previamente rechazar el habeas corpus.
Jorge Glas fue trasladado a La Roca el 6 de abril tras su arresto en la Embajada de México en Quito, donde se había refugiado para evitar cumplir el resto de su condena de ocho años por asociación ilícita y cohecho pasivo agravado. Este traslado a La Roca, realizado por razones de seguridad, ha generado una serie de apelaciones constitucionales, todas las cuales han sido rechazadas hasta la fecha.
