El presidente argentino Javier Milei firmó una resolución que amplía las facultades de la Policía Federal, a solo horas de una movilización convocada en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida, anunciada oficialmente este lunes, permitirá a las fuerzas de seguridad detener a personas sin orden judicial bajo determinadas circunstancias.
El nuevo protocolo de actuación, según fuentes del Ministerio de Seguridad, busca prevenir disturbios y garantizar el orden público frente a lo que el Gobierno considera posibles escenarios de violencia o agitación política. La oposición, sin embargo, denunció la normativa como un intento de criminalizar la protesta y limitar derechos constitucionales.
Con este cambio, la Policía Federal podrá realizar arrestos preventivos ante sospechas de alteraciones al orden sin requerir autorización judicial inmediata. Además, se reforzaron los controles en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una masiva concurrencia de ciudadanos que marcharán a favor de la exmandataria, en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta.
La vicepresidenta Cristina Kirchner ha sido acusada por sectores del oficialismo de incentivar el caos, mientras sus seguidores argumentan que es víctima de una persecución política y judicial. La marcha convocada por agrupaciones peronistas y movimientos sociales tiene como objetivo mostrar respaldo frente a los embates del Gobierno y la justicia.
Desde el Ejecutivo aseguran que la medida no apunta a limitar la libre expresión, sino a evitar hechos de violencia. Sin embargo, organismos de derechos humanos y varios bloques legislativos ya anticiparon que pedirán la derogación del protocolo y denunciarán su implementación ante instancias nacionales e internacionales.
Este endurecimiento de la política de seguridad se suma a otros lineamientos impulsados por la ministra Patricia Bullrich, quien ya había adelantado una línea más firme frente a cortes de calle y manifestaciones masivas.
A solo seis meses del inicio del gobierno de Milei, el debate sobre seguridad y libertades individuales se vuelve cada vez más central en la discusión pública. La tensión entre el Ejecutivo y la oposición sigue escalando en un clima político ya de por sí polarizado.
