Investigación en el Caso Pantalla: Tráfico de Influencias y Manipulación en el Concurso de Jueces

POLÍTICA

El Caso Pantalla ha sacudido el ámbito judicial en Ecuador, revelando nuevas facetas de corrupción y tráfico de influencias en el sistema de justicia. Desde el 5 de septiembre, Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., exasesores del entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, están bajo investigación por su presunta participación en tráfico de influencias. Ambos están acusados de manipular el concurso público para la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que comenzó en junio de 2023.

La investigación revela que Fabricio H. y Paúl C. presuntamente ejercieron presiones indebidas sobre funcionarios inferiores para obtener información privilegiada, con el fin de beneficiar a ciertos candidatos durante el proceso de selección. Este caso es una extensión de las investigaciones sobre corrupción que han sacudido la judicatura, similar a otros escándalos como Metástasis, Independencia Judicial, Purga y Plaga.

Wilman Terán, actualmente enfrentando cargos en los casos Independencia Judicial y Metástasis, sigue en el centro del escándalo. En el primero, enfrenta una acusación por obstrucción de justicia, mientras que en el segundo, se le acusa de delincuencia organizada. Su exasesor, Santiago Paúl C., también está implicado en la causa de Independencia Judicial. Milton Fabricio H., a pesar de haber sido sobreseído en el caso de obstrucción de justicia, enfrenta una apelación de la Fiscalía que busca revocar su sobreseimiento y llevarlo a juicio.

La fiscal Ruth Amoroso, encargada del Caso Pantalla, subrayó la gravedad del asunto durante la audiencia de formulación de cargos. Amoroso destacó que, recientemente, Ecuador ha comprendido la importancia del Poder Judicial, aunque desafortunadamente, esto ha sido después de que se destaparan varios casos de corrupción relacionados con intentos de controlar el sistema judicial. “Este caso no es una excepción”, afirmó Amoroso, señalando que los esfuerzos para controlar la Corte Nacional de Justicia reflejan un patrón de corrupción que busca influir en el máximo órgano de justicia del país.

A finales de enero, Álvaro Román, presidente temporal del CJ, denunció irregularidades en el concurso de jueces ante la Asamblea Nacional. Román reveló anomalías significativas, como el acceso indebido a preguntas del concurso, lo cual motivó la declaración de nulidad total del proceso por parte de Román y otros vocales del CJ. Esta decisión se tomó debido a violaciones de los principios de transparencia y legalidad.

El 24 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo simultáneo en ocho domicilios en Quito y Rumiñahui, como parte de la investigación en el Caso Pantalla. Este operativo se produjo tras las revelaciones de Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán, quien afirmó que el concurso para jueces estaba manipulado. Según Palacios, el concurso había sido arreglado previamente para beneficiar a ciertos candidatos, con roles y cupos asignados de manera anticipada.

Las acusaciones de la Fiscalía indican que el director general del CJ, David Alejandro G. C., junto con Fabricio H. y Paúl C., utilizaron sus posiciones para manipular el proceso de selección de jueces. La Fiscalía sostiene que estos funcionarios permitieron irregularidades durante las fases de postulación y evaluación del concurso, favoreciendo a ciertos candidatos y alterando los resultados.

Amoroso detalló que las irregularidades incluyeron la alteración de puntajes y la manipulación de exámenes para beneficiar a candidatos específicos, como Anabel Torres, quien recibió un puntaje elevado injustamente. La fiscal subrayó que estas acciones se ajustan al delito de tráfico de influencias, de acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.

Actualmente, los dos sospechosos principales, Milton Fabricio H. y Santiago Paúl C., enfrentan prisión preventiva mientras continúa la investigación. El 30 de septiembre, se llevará a cabo una audiencia para revisar la apelación presentada por ambos contra la medida de prisión preventiva impuesta por el juez anticorrupción Christian Quito.

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