La renuncia de Diana Salazar Méndez a la Fiscalía General del Estado ha dado inicio a un proceso crucial para la institución, que se encuentra ahora en busca de un nuevo fiscal general. Después de que Salazar decidiera no continuar en funciones prorrogadas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha comenzado a dar los primeros pasos para organizar el concurso público que permitirá elegir a la próxima autoridad de la Fiscalía.
El 21 de mayo de 2025, el CPCCS convocó a sus siete vocales para llevar a cabo varias tareas dentro de la agenda del día, entre las cuales destaca la integración del equipo técnico que brindará el apoyo administrativo necesario para llevar a cabo este proceso de selección. Este equipo será conformado por delegados de los siete vocales principales y suplentes, y se encargará de asistir a los distintos procedimientos relacionados con la designación del nuevo fiscal general.
Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la conformación de una veeduría ciudadana que tendrá un rol activo en la supervisión del concurso. Según el calendario establecido por el CPCCS, el equipo técnico tendrá que estar integrado dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria de dicha veeduría, para asegurar la transparencia y la participación activa de la sociedad en la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía.
Mientras tanto, el cargo de fiscal general será asumido de manera provisional por Wilson Toainga, quien ocupará el puesto hasta que se designe al titular definitivo. La renuncia de Salazar y el inicio del proceso de selección para su reemplazo ha generado gran expectativa, ya que la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada en Ecuador.
El CPCCS tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso de selección se lleve a cabo de manera transparente y respetando los principios de equidad y mérito. Este proceso es crucial para el fortalecimiento del sistema judicial en el país y para asegurar la independencia y autonomía de la Fiscalía.
