La Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP) manifestó su respaldo al despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Quito, donde este domingo 12 de octubre se llevó a cabo la denominada Gran Marcha Pacífica de Vida y Resistencia, organizada por diversas organizaciones indígenas y sociales.
El gremio empresarial condenó los actos de “acoso, destrucción y perjuicio” que han afectado a provincias como Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha durante los 21 días de paro indígena que mantiene paralizadas algunas zonas del país. En un comunicado, la CIP señaló que los habitantes de estas provincias han visto vulnerados sus derechos fundamentales y enfrentan escasez de alimentos, medicinas y gas doméstico.
Ignacio Bustamante, presidente de la Junta Directiva de la CIP, enfatizó que el sector industrial defiende el derecho de todos los ecuatorianos —agricultores, floricultores, comerciantes, trabajadores e industriales— a vivir y prosperar en libertad junto a sus familias y comunidades. “No podemos permitir que la violencia dicte las reglas; respaldamos plenamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, cuyos miembros han sido agredidos y secuestrados en algunos casos”, afirmó durante la sesión del 89.º aniversario de la Cámara, el pasado 7 de octubre.
El gremio también hizo un llamado a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para que cesen los hechos violentos y respeten la ley y el orden constitucional. Además, respaldaron la eliminación del subsidio al diésel, principal motivo del paro, y reiteraron su compromiso con la estabilidad económica del país.
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la CIP, destacó que aunque el país está familiarizado con protestas y paralizaciones, en esta ocasión la intención de generar caos y violencia fue evidente. “Quiero agradecer al presidente de la República, Daniel Noboa, por hacer respetar la capital de los ecuatorianos”, expresó ante los asistentes, recibiendo un cálido aplauso.
La dirigente agregó que Ecuador es una sola nación y que el uso legítimo de la fuerza corresponde únicamente al Gobierno nacional. Por ello, el sector productivo solicita al Ejecutivo no ceder ante la violencia y mantener el orden, protegiendo la economía, los trabajadores y los bienes públicos y privados.
