Este martes, el viceministro de Seguridad Pública, Fausto Íñiguez, presentó un informe sobre el impacto de los operativos del Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el informe, Ecuador ha visto un aumento significativo en la incautación de drogas, mientras que los índices de violencia han disminuido.
De enero a septiembre de 2024, se han decomisado 198,56 toneladas de droga, lo que representa un incremento del 26% respecto al mismo período del año anterior. Íñiguez destacó que, a pesar de esta notable subida en las incautaciones, la violencia en el país ha mostrado una reducción considerable. En comparación con 2023, los homicidios intencionales han bajado un 17%, pasando de 5.112 a 4.236 casos.
En la capital, Quito, el descenso en la violencia es aún más pronunciado, con una disminución del 19% en homicidios intencionales, de 193 a 157 en el mismo intervalo de tiempo.
Las cifras también reflejan una mejora en otras localidades. En Manta, entre el 6 de junio y el 1 de septiembre, los homicidios intencionales cayeron en un 55%, pasando de 66 a 30. Además, la cantidad de droga incautada en esta ciudad alcanzó 4,37 toneladas, en comparación con solo 0,30 toneladas en 2023.
En Durán, los homicidios intencionales disminuyeron en un 27%, con una reducción de 93 a 68 casos entre julio y septiembre de 2024.
Íñiguez también mencionó que ayer se realizó una mesa de trabajo entre el Gobierno y el sector transportista, la cual mostró resultados positivos. Este miércoles, el Gobierno entregará 39 camionetas en Manta como parte de un primer lote de 339 vehículos destinados a fortalecer los operativos preventivos, investigativos y de inteligencia de la Policía.
Sin embargo, el Comité de Transporte Pesado expresó en un comunicado que, aunque aprecian el esfuerzo del Gobierno por apoyar a los transportistas a través de créditos, la prioridad actual debería ser mejorar la seguridad en las vías. El gremio sostiene que en lugar de implementar nuevos controles de peso y radares, se necesita un mayor respaldo a la Dirección Nacional de Tránsito para instalar puestos fijos y móviles de control, con el objetivo de prevenir robos y asaltos en la red vial estatal.
