Quito, Ecuador – Una cifra escalofriante ha encendido las alarmas en Ecuador: un 60% de los miembros de los grupos criminales organizados que operan en el país son adolescentes. Esta preocupante revelación, proveniente de datos de la Policía Nacional, ha sido incluida en el informe para el segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, también conocida como «ley para combatir las economías criminales», que actualmente se analiza en la Asamblea Nacional.
El documento, cuya votación en el pleno está prevista para este sábado, 7 de junio, subraya que «la capacidad operacional de las bandas criminales también puede ser atribuida a la cantidad de personas que forman parte de estas». La participación de jóvenes y niños en el crimen organizado ha sido objeto de estudio, y los datos proporcionados por la Policía Nacional, actualizados hasta noviembre de 2024, confirman que «más de la mitad de los miembros en los grupos delictivos eran adolescentes».
Expertos en la materia señalan que la principal razón de este fenómeno es la vulnerabilidad característica de este rango de edades. Los adolescentes son fácilmente influenciables y susceptibles a ser reclutados por las bandas criminales, que se aprovechan de sus necesidades económicas, la falta de oportunidades y, en muchos casos, la desintegración familiar para fortalecer sus organizaciones. Esta cooptación de menores no solo aumenta la violencia, sino que también crea un ciclo vicioso de criminalidad que es difícil de romper.
Ante esta alarmante realidad, el presidente Daniel Noboa ha tomado cartas en el asunto. Recientemente, se creó un Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en estas bandas. Esta iniciativa busca implementar estrategias integrales que aborden las causas raíz de esta problemática, ofreciendo alternativas a los jóvenes y protegiéndolos de las garras del crimen organizado.
La Ley de Solidaridad Nacional que se debate en la Asamblea busca precisamente fortalecer los mecanismos legales para desmantelar las economías criminales y atacar las fuentes de financiamiento de estos grupos. Es fundamental que esta legislación contemple también medidas específicas para la protección y rehabilitación de los adolescentes involucrados, así como programas de prevención que impidan que más jóvenes caigan en las redes delictivas.
La situación actual en Ecuador, marcada por el incremento de la violencia y la declaración de un «conflicto armado interno», hace que este informe sea aún más relevante. La presencia masiva de adolescentes en las filas criminales no solo es un desafío de seguridad, sino también una profunda crisis social que requiere la atención y el compromiso de todos los sectores de la sociedad. La esperanza es que, con leyes más robustas y programas de prevención efectivos, se logre revertir esta tendencia y ofrecer un futuro más prometedor a la juventud ecuatoriana.
