El vicariato apostólico de Napo emitió una carta pública en la que expresó su preocupación sobre la construcción de una megacárcel en la localidad de Archidona, en la provincia de Napo, propuesta por el Gobierno ecuatoriano. Este proyecto, que se encuentra en proceso de contratación pública a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ha generado un fuerte rechazo entre los habitantes de la zona, quienes piden la suspensión de la obra y sugieren que los $52 millones destinados a este proyecto sean invertidos en otros proyectos prioritarios para la comunidad.
La semana pasada, los residentes de Archidona bloquearon la carretera El Coca-Quito, en el sector 24 de Mayo, con llantas y otros obstáculos, como parte de sus protestas contra la megacárcel. Exigieron que los recursos se destinen a mejorar las infraestructuras locales, como la construcción de un nuevo hospital, la pavimentación de la vía Loreto y la mejora de la carretera hacia Chonta Punta. Los habitantes también señalaron que, en la actualidad, Archidona alberga el Centro de Privación de Libertad Napo No. 1.
El vicariato apostólico de Napo, en su carta del 9 de diciembre, mostró su desacuerdo con el proyecto y alertó sobre las consecuencias negativas que podría tener la instalación de otro centro penitenciario de gran peligrosidad en las cercanías de una ciudad pequeña como Archidona. El comunicado advirtió que la nueva cárcel podría representar una carga económica considerable para el Estado y afectar negativamente a la comunidad, particularmente a las familias locales y a la juventud, además de poner en riesgo uno de los principales motores económicos de la región: el turismo.
Ante este panorama, el vicariato instó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a iniciar un proceso de consulta previa e informada, tal como lo establece la Constitución de la República de Ecuador, para evaluar si la población de los cantones afectados está de acuerdo con la construcción de la megacárcel. La carta fue difundida en las redes sociales de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
