Guayaquil, Ecuador – La brutal masacre que sacudió el distrito Pascuales en el norte de Guayaquil la mañana de este martes, 10 de junio de 2025, ha tomado un giro crucial con las recientes revelaciones de la Policía Nacional. De las siete personas asesinadas en los violentos ataques que sembraron el terror en la zona, tres de ellas contaban con antecedentes penales, lo que refuerza la hipótesis de que estos crímenes están ligados a la cruenta guerra entre bandas del crimen organizado.
Víctor Hugo Ordóñez, jefe policial de la Zona 8, confirmó la información en un pronunciamiento que busca arrojar luz sobre los móviles de esta ola de violencia. La presencia de antecedentes criminales en las víctimas es un patrón lamentablemente recurrente en los hechos de sicariato que azotan a Guayaquil, indicando que estos no son ataques aleatorios, sino parte de una estrategia de ajustes de cuentas o de control territorial.
Uno de los fallecidos, cuya identidad no fue revelada públicamente, destacaba por un historial delictivo particularmente preocupante. Este individuo tenía antecedentes por microtráfico, tentativa de asesinato y tráfico de armas. Este perfil criminal refuerza la teoría de que los asesinatos en Pascuales están directamente relacionados con las actividades de bandas dedicadas al narcotráfico y la venta de drogas a pequeña escala, así como al tráfico ilegal de armamento.
Otro dato alarmante revelado por el jefe policial es que algunas de las víctimas poseían más de una cédula de identidad. Esta práctica, común entre miembros de organizaciones criminales, se utiliza para evadir a las autoridades, dificultar su identificación y ocultar su verdadero historial delictivo. La Policía Nacional está siguiendo una línea investigativa profunda para desenmarañar estas conexiones y determinar la identidad y el rol de todos los responsables de esta masacre.
El distrito Pascuales, al igual que otras zonas del noroeste de Guayaquil, ha sido escenario de una intensa disputa por el control de territorios y rutas de drogas. La violencia ejercida por estos grupos, que no dudan en utilizar armas de fuego de alto calibre y operar a plena luz del día, ha generado un estado de zozobra constante entre la población civil.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, continuará con las diligencias para recolectar todas las pruebas necesarias, analizar las cámaras de seguridad y tomar testimonios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de estos siete asesinatos. La lucha contra el crimen organizado exige una respuesta contundente y el desmantelamiento de estas estructuras criminales, que buscan sembrar el terror y controlar la economía ilícita.
La ciudadanía de Guayaquil, aunque comprende la complejidad del problema, exige que se acelere la acción de la justicia y se garantice la seguridad. Las revelaciones sobre los antecedentes de las víctimas son un paso en la comprensión de la dinámica criminal, pero el objetivo final es la captura de los culpables y la restauración de la paz social.
