La tensión crece en Los Ángeles luego del arribo de tropas de la Guardia Nacional, enviadas para reforzar la presencia federal durante las manifestaciones contra las redadas migratorias. Durante el fin de semana, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra las detenciones de inmigrantes indocumentados, lo que derivó en enfrentamientos con las autoridades.
El domingo, los agentes volvieron a enfrentarse con manifestantes en distintos puntos de la ciudad. En los días previos, se habían registrado escenas de violencia en las que fuerzas federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Las imágenes de los disturbios se viralizaron rápidamente y encendieron el debate nacional sobre el uso de fuerza excesiva.
El presidente Donald Trump defendió el despliegue militar como una acción necesaria para restaurar lo que denominó “una muy severa legalidad y orden”. En declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó que “no vamos a permitir que la gente violenta se salga con la suya”, dejando abierta la posibilidad de ampliar el despliegue a otras ciudades del país si las protestas continúan.
La ciudad de Los Ángeles, la segunda más poblada de Estados Unidos, ha sido uno de los focos principales de resistencia contra las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Organizaciones civiles, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos han denunciado la criminalización de las protestas y la militarización del manejo de la crisis.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que las redadas forman parte de una operación nacional para localizar y deportar a inmigrantes con órdenes de expulsión. Sin embargo, múltiples informes indican que en muchos casos se ha detenido a personas sin antecedentes penales ni procesos abiertos, lo que ha generado rechazo público y nuevas manifestaciones.
Voceros de las organizaciones convocantes afirmaron que las protestas continuarán mientras se mantenga el operativo migratorio y se reprima a la población civil. “Estamos defendiendo nuestros derechos y la dignidad de las familias trabajadoras”, declaró uno de los líderes comunitarios en una asamblea celebrada tras los enfrentamientos.
Con este nuevo despliegue de la Guardia Nacional, el gobierno federal apuesta por contener la creciente ola de indignación que recorre el país. Sin embargo, distintos sectores advierten que el uso de fuerzas militares en contextos civiles puede agudizar el conflicto en lugar de resolverlo.
