La reciente sentencia de la Corte Constitucional (CC), que ordena al Ministerio de Educación desarrollar un protocolo para evitar la discriminación por identidad de género en menores de edad, ha generado una fuerte reacción de grupos religiosos y profamilia en Ecuador.
Este 30 de enero de 2025, decenas de ciudadanos se congregaron frente a la sede de la CC en Quito para manifestar su rechazo a lo que consideran la imposición de una «agenda transgenerista» en el sistema educativo.
El caso que originó la controversia
El fallo responde a una acción extraordinaria de protección concedida a favor de una menor que habría sido víctima de discriminación en una institución educativa en Santa Elena. Este caso, denominado «Caso Salinas», ha sido el detonante de la decisión del máximo tribunal, que busca garantizar espacios libres de discriminación en el ámbito escolar.
La sentencia establece que el Ministerio de Educación deberá implementar medidas para asegurar el respeto a la identidad de género de los menores en las instituciones educativas, evitando situaciones de vulneración de derechos.
Reacciones y movilizaciones en contra del fallo
Bajo el liderazgo de colectivos como Firmes y Tradición y Acción Ecuador, los manifestantes realizaron oraciones y proclamaciones públicas, exigiendo que el fallo sea revocado. Entre los asistentes, predominaban padres de familia y líderes religiosos, quienes calificaron la sentencia como una intromisión en la educación y crianza de sus hijos.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un pronunciamiento en el que se declara en resistencia frente a la ejecución del fallo, alineándose con los colectivos religiosos que sostienen que la resolución impone criterios ideológicos sobre la educación.
Los manifestantes han advertido que continuarán con acciones de resistencia en diferentes ciudades del país y que impulsarán debates en la Asamblea Nacional para frenar la implementación del protocolo educativo ordenado por la Corte Constitucional.
