La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Andrea Arrobo, firmó un acuerdo ministerial que marca el inicio oficial de la reapertura del catastro minero del país, un sistema que había permanecido cerrado desde 2018. Esta decisión representa un paso importante para el desarrollo del sector minero nacional, especialmente para los actores de pequeña escala.
Según anunció el Ministerio, esta primera etapa estará enfocada exclusivamente en la pequeña minería no metálica. Esto significa que el proceso estará limitado, en principio, a concesiones que no involucren minerales metálicos como oro, cobre o plata. La intención del Gobierno es implementar una reapertura gradual y controlada, que permita ordenar el sector y garantizar prácticas responsables.
En los próximos días, se tiene previsto que el Ministerio publique la normativa técnica y legal que establecerá los requisitos, procedimientos y plazos para presentar las solicitudes de concesión. Esta regulación será clave para garantizar la transparencia y el orden en el otorgamiento de nuevas áreas de explotación.
La reapertura del catastro minero había sido solicitada insistentemente por varios gremios del sector, quienes argumentaban que el cierre de este registro limitaba el desarrollo de nuevos proyectos y afectaba las inversiones. En respuesta, el Gobierno ha afirmado que esta medida busca estimular el crecimiento económico y la generación de empleo en zonas con potencial minero.
Ecuador ha identificado a la minería como uno de los sectores estratégicos para diversificar su economía y aumentar las exportaciones. En 2023, el sector minero representó aproximadamente el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y generó más de 35.000 empleos directos e indirectos, según cifras oficiales.
No obstante, la reapertura del catastro también ha generado preocupación en organizaciones ambientalistas, quienes han advertido sobre los posibles impactos ecológicos si no se establecen controles rigurosos. En ese sentido, el Ministerio de Energía ha asegurado que toda concesión deberá cumplir con estudios ambientales y criterios de sostenibilidad antes de ser aprobada.
El Gobierno prevé que este proceso se amplíe en fases futuras hacia otros segmentos de la industria minera, como la minería metálica y de mediana escala. Pero, por ahora, el enfoque se mantendrá en la regularización y fortalecimiento de la pequeña minería no metálica, un segmento que tiene alto potencial productivo con menor impacto ambiental.
