El Ministerio de Derechos Sociales de España ha solicitado formalmente que la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investiguen la reciente fiesta de 18 años del futbolista Lamine Yamal. La investigación busca determinar si durante la celebración se cometieron actos que contravengan la normativa de protección a personas con discapacidad o que inciten al odio y la discriminación.
El motivo surge tras denuncias presentadas por asociaciones de defensa de los derechos de las personas con reducida estatura. Alegan que se habría contratado a personas con enanismo como parte del espectáculo de entretenimiento, lo cual podría infringir la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, que prohíbe el uso de estos individuos como objeto de burla o espectáculo humillante.
Desde el Ministerio, su director general de Discapacidad calificó la situación como “una posible vulneración grave” de la legislación vigente. En su comunicado, solicitó a los organismos mencionados que analicen todos los aspectos del caso, desde la contratación hasta el contexto en el que se desarrollaron las actividades, para determinar si hubo una infracción legal.
Por su parte, la Fiscalía tiene ya antecedentes recientes en los que se ha investigado el uso de personas con discapacidad como objetos de entretenimiento. De confirmarse la denuncia, el Ministerio adelantó que podría iniciarse un proceso sancionador que, según la ley actual, contempla multas de hasta 1 000 000 €.
Para estas actividades se activaron canales de coordinación institucional. El Defensor del Pueblo, responsable de fiscalizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya ha recibido la petición para abrir una revisión administrativa y evaluar posibles violaciones. En tanto, la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio examinará si hubo discursos o acciones que puedan considerarse discriminación o incitación a la burla.
Este impulso oficial se suma a la denuncia social y mediática que surgió tras el evento, cuando varias plataformas de ciudadanos y asociaciones especializadas en derechos humanos convocaron acciones legales por considerar que el evento representaba una forma de explotación. Aun cuando los organizadores y algunos de los involucrados defendieron la actividad alegando que fue consensuada y con fines lúdicos, las autoridades buscan ahora determinar si ese consentimiento exonera de responsabilidad o si, por el contrario, supone una violación de la dignidad y los derechos protegidos por la ley.
